Leandro Rodríguez Lastra, 43 años, es tocoginecólogo egresado de la UBA y está instalado en Cipolletti desde mediados del 2016. La mujer transitaba un embarazo de más de 5 meses. Se programó una cesárea y el niño fue dado en adopción. La mujer no lo denunció pero sí lo hizo una diputada provincial.
El médico ginecólogo acusado de impedir un aborto no punible en el hospital de Cipolletti a una joven víctima de violación, declaró en la primera jornada del juicio en su contra. Además, brindaron su testimonio la víctima y otras siete personas.
El juicio inició con la exposición de los hechos según los fiscales Santiago Márquez Gauna y Anabella Camporesi, quienes intentarán demostrar que Rodríguez Lastra interpuso su moral, su ética y su religión por sobre la ley.

Se negaron a recibirla

Afirmaron que la paciente, de 19 años, que había sido violada y quedó embarazada, contaba con el consentimiento informado y la declaración jurada para poder acceder a una ILE, pero que en el hospital de Cipolletti se negaron a recibirla en un primer momento. Luego, frenaron la interrupción del embarazo sin su consentimiento.
«Sacame esa cosa que tengo adentro», le había pedido la víctima al ginecólogo. La fiscalía aclaró que Rodríguez Lastra tuvo un claro objetivo, el de «obstaculizar la interrupción del embarazo, ya que suministró Indometacina y se negó a realizarle los controles médicos correspondientes».
Además, argumentaron que el médico no era objetor de conciencia y que tampoco quiso derivar la situación a otro profesional. «Derechos son derechos, señor juez», finalizó la fiscalía.

Iniciada por su cuenta

Por su parte, la defensa, a cargo de los abogados Torres y Chirinos, expuso que el aborto es irreversible por lo que la acusación sería incorrecta. Sostuvieron que la ILE está garantizada por la ley siempre y cuando intervenga un equipo médico, pero que la joven lo habría iniciado por sus propios medios.
Además, expresaron que el informe psiquiátrico es un requisito, más aún cuando se trata de una paciente con antecedentes. «Ella no inició un aborto por sus propios medios. Las médicas de Fernández Oro la llevaron con La Revuelta y le dieron dosis que no eran las correspondientes», afirmó Torres.

Su declaración

Luego, pese a que no está obligado, Rodríguez Lastra pidió declarar y solo aceptó preguntas de sus abogados. Relató los sucesos ocurridos en abril del 2017 y dijo que actuó según los protocolos médicos.
«No había aborto. Dijo que había tomado nueve pastillas de misoprostol en un lugar no médico. Para un embarazo avanzado, eso es mucho. Le expliqué que no se podía acceder a lo que ella quería (aborto). El feto estaba vivo y decidí inhibir las contracciones para evitar un parto que podría agravar el cuadro», declaró el ginecólogo.