Juicio por Jurados: Solamente sería para delitos con penas superiores a 20 años

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Los detalles del proyecto que presentará en los próximos días el Poder Ejecutivo. El proyecto prevé paridad de género, remuneración y una serie de requisitos para ser parte de un jurado popular. Las diferencias con la iniciativa del Colegio de Abogados. Cómo funcionará el Juicio por Jurado en Entre Ríos. Las voces a favor y en contra. El debate que se viene en la Legislatura.

La primera imagen que aparece a la hora de hablar de juicio por jurados es la de las películas. Y algo parecido pasará en Entre Ríos si prospera un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo tiene previsto presentar en la Legislatura en los próximos días.
La idea de implementar el instituto en la provincia no es de ahora, sino que se remonta a muchos años atrás y hubo iniciativas que se truncaron. El Colegio de Abogados, que redactó un proyecto propio y viene impulsando la implementación del instituto con diversas acciones de divulgación y debate, incluso organizó un simulacro que se realizó en 2013.

Detalles del proyecto

El texto que motorizará el Poder Ejecutivo aún no se conoció oficialmente. No obstante, pudo saber ElDiario que fue elaborado en ámbitos del Ministerio de Gobierno, con el asesoramiento de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Si bien toma elementos de la iniciativa del Colegio de Abogados y de aportes efectuados desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ), más se basa en la normativa ya vigente en otras provincias, especialmente en coincidencia con la de Neuquén, considerada pionera en la materia.

Diferencias

Hay una diferencia sustancial entre el proyecto al que el gobernador le pondrá la firma, con el de autoría del abogado paranaense Julio Federik, que impulsan desde el colegio letrados como Marciano Martínez, Guillermo Vartorelli, Miguel Cullen y Raúl Barrandeguy, entre muchos otros. Radica en que el proyecto de los abogados contempla al juicio por jurados como una opción para personas imputadas de delitos cuyas penas superen los 12 años de prisión, mientras que el del Poder Ejecutivo apunta a que sea obligatorio para los delitos con penas mayores a 20 años.