El caso de abuso sexual infantil se ventiló durante el trámite de audiencia imputativa que impulsó la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a David G., un hombre detenido el martes tras ser denunciado por su ahora ex pareja.

Todo salió a la luz cuando la víctima le pidió ayuda a su madre porque tenía constantes dolores abdominales. La mujer llevó de inmediato a su hija a un centro de salud y allí se constató que cursaba un embarazo de cuatro meses, según informó el MPA, aunque la investigación resta confirmar ese dato con análisis científicos.

De inmediato los médicos, psicólogos y trabajadores sociales de la institución abordaron la problemática para contener a la adolescente, quien en ese marco y a pesar de estar amenazada por su padrastro, narró los aberrantes sometimientos que sufrió sistemáticamente tres veces por semana, desde diciembre de 2018 y hasta febrero de este año, y en horarios durante los cuales su madre estaba en el trabajo.

Los dichos, en principio, fueron corroborados por los profesionales que la asistieron.

Luego, una abuela le dio resguardo junto a su madre, y los agentes de salud canalizaron la denuncia ante el MPA.

Como primera medida la víctima se sometió a la interrupción del embarazo (contemplado para casos de violaciones en el artículo 86 del Código Penal de la Nación), práctica que se realizó el 8 de agosto en el Hospital Provincial del Centenario bajo protocolos del Ministerio de Salud de Santa Fe.

Tras una serie de medidas para dar con su paradero, el imputado fue detenido anteayer por personal policial durante un allanamiento realizado en su domicilio de la zona oeste de Rosario, muy cerca del campo de deportes del Club Atlético Fisherton. Y ayer fue trasladado al CJP para atravesar la audiencia imputativa.

En esa instancia, la fiscal Nora Marull (en reemplazo de su colega Graciela Argüelles) le achacó la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser menor de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, y por ser el encargado de custodiarla.

El defensor público Martín Riccardi planteó dudas respecto a la fecha de los abusos.

Según su hipótesis, como al momento de realizarse la interrupción legal del embarazo la víctima cursaba la decimoctava semana de gestación, los vejámenes habrían ocurrido en abril, y no entre diciembre y febrero, como lo sostuvo la Fiscalía.

Al tratar la medida cautelar, Marull solicitó que el imputado permanezca en prisión preventiva sin plazo, tiempo que le permitiría solicitar medidas para determinar con exactitud la fecha de gestación y la identidad del progenitor.

Además, explicó que restan realizar análisis de sangre al imputado y el peritaje de su celular, solicitó la extracción compulsiva de sangre del acusado para el cotejo de ADN con material biológico de la víctima, y como adelanto jurisdiccional de prueba, la testimonial de la niña en cámara Gesell.

Riccardi no se opuso, pero rechazó el pedido de prisión preventiva y solicitó un régimen domiciliario con tobillera electrónica.

El juez Héctor Núñez Cartelle dio por formalizada la imputación en los términos planteados por la Fiscalía y dictó prisión preventiva efectiva por un plazo de noventa días, tiempo que consideró razonable para que se obtengan los resultados de las pericias, estudios, y análisis médicos requeridos. (La Capital)