Si el Gobierno adelanta el aumento de diciembre, una de las medidas que analiza para paliar los efectos de la crisis, las jubilaciones y demás prestaciones sociales tendrían un incremento adelantado en torno del 9,5% y 10%.

El cálculo surge de la fórmula de movilidad que combina un 70% de inflación y 30% de la evolución salarial (RIPTE) de abril a junio de este año. En ese período la inflación fue del 9,5%, pero aún no se conoce la cifra del RIPTE del trimestre.

Ese 9,5/10% se sumaría al 12,2% que deben recibir en septiembre y que corresponde a la evolución de esos índices entre enero y marzo pasado.

A julio, las jubilaciones y pensiones registraron «una pérdida del poder adquisitivo del 8%respecto a igual mes del año pasado, dando lugar a una contracción interanual del 13,1% en el acumulado de los últimos 12 meses», según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Con la inflación de agosto, que se estima entre un 5% y 6%, y la que se proyecta para septiembre, se acentúa la pérdida previsional, que no se compensaría con el ajuste del 12,2% de septiembre.

De ahí que una alternativa que evalúa el Gobierno sería adelantar el aumento de diciembre por las fuertes remarcaciones de precios.