El documento lleva la firma de varias entidades del rubro, entre las que figuran la Asociación de Empresarios de la Vivienda, la Cámara de Empresas de Desarrolladores Urbanos y la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Allí reclamaron modificar el tope para comprar 10 mil dólares mensuales, entre otros puntos.

Según argumentaron, de atender sus solicitudes habrá «un impulso a la economía, la construcción, el trabajo y el bienestar de las familias que desean concretar el sueño de un hogar».

«Dada la evidente caída que viene sufriendo el sector inmobiliario y a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno, solicitamos a las autoridades que se contemplen las transacciones inmobiliarias, ya que las mismas se realizan mayoritariamente en dólares», resaltó y consideró que así se podrán concretar «con normalidad».

Destacó la necesidad de «políticas diálogo y consenso en beneficio del conjunto de la sociedad».