El proyecto es impulsado por el diputado Gustavo Osuna y establece “la reserva de un cupo de viviendas por localidad,  destinado a mujeres víctimas de situación de violencia de género”.

“Las viviendas en cuestión serán destinada a dar respuesta por parte del Estado a mujeres víctimas de situaciones de violencia a fin de alojar, contener y proteger a ellas y a sus niños”, se agrega.

La autoridad de Aplicación será el Poder Judicial, mientras que los organismos actuantes serán el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), el Consejo Provincial de Prevención de las Violencias, la Subsecretaria de la Mujer y los gobiernos locales.

Será el Poder Judicial quien determinará a quién se entregará la unidad habitacional y el tiempo que se extenderá su uso y demás disposiciones que a su entender cumplan los mecanismos de protección.

Fuente (APFDigital)