Esta es una de las fórmulas que se estudia en el Gobierno para avanzar con la reforma del sistema previsional «de privilegio» de jueces y diplomáticos que prometió el presidente Alberto Fernández tras la sanción de la megaley de emergencia económica, el mes pasado.

«El tema está en estudio, no es sencillo. La intangibilidad de las remuneraciones de los jueces establecida en la Constitución Nacional contempla, según nuestra visión, a los ingresos de los magistrados en actividad. Por lo tanto, nada impediría que el impuesto a las ganancias pueda gravarse a los haberes de los jueces jubilados», indicó una importante fuente del oficialismo a La Nación.

La medida en estudio sería acompañada de una suba en las contribuciones a la seguridad social por parte del Poder Judicial. De hecho, en la Casa Rosada circuló un borrador de decreto por el cual se fija una imposición del 21% en esos haberes especiales y un aporte adicional del 7% cuando éstos superen los 100 mil pesos. El Presidente aún no firmó ese decreto, por lo que no se descarta que se instrumente por ley.

La polémica por las llamadas «jubilaciones de privilegio» estalló con la sanción de la ley de emergencia económica que, entre varias cuestiones, dispuso congelar por 180 días la movilidad de todos los haberes jubilatorios, salvo los que están regidos por regímenes previsionales especiales, como es el caso de jueces y diplomáticos.

Pese a que Fernández prometió celeridad para el tratamiento de este tema, lo cierto es que el proyecto de ley que aún no fue enviado al Congreso y recién se debatiría el mes próximo. El primer paso para hacer operativos esos cambios en las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores será la convocatoria a la comisión prevista en el artículo 56 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Sin embargo, esa comisión recién se conformará la semana próxima.

Fuente (APFDigital)