El Gobierno nacional está preparando un proyecto de ley para modificar los regímenes especiales de jubilaciones del Poder Judicial y el servicio exterior.

Los funcionarios trabajan con el borrador y quieren tenerlo listo lo antes posible para comenzar a tratarlo antes del 29 de febrero, fecha tope para las Sesiones Extraordinarias que tiene a las «jubilaciones de privilegio», en el centro del temario del Poder Ejecutivo.

Aunque aún no está definido en su totalidad, hay algunas propuestas que tienen cada vez más forma. En el caso de la Justicia, propone, en reuniones informales con gremios que representan a los judiciales según informa el diario La Nación, subir la edad jubilatoria de los actuales 60 años a 65.

También subir los aportes al fisco de los funcionarios del Poder Judicial, que hoy es del 12%, y cuya remuneración promedio a la hora de jubilarse es $234.000 pesos, un costo fiscal de $1718 millones.

Los jueces de la Corte Suprema, Casación y camaristas hacen un aporte del 12% de su sueldo sin tope, una diferencia sustancial con otros sectores, a quienes se les descuenta un 11% de su sueldo, pero con un tope establecido.

Si bien aportan más al sistema, cobran sueldos muy altos y se jubilan con el 82% de su sueldo sin pagar Ganancias. Por eso, entre algunas de las cifras que se estarían tratando, están la de subir unos puntos ese 12 por ciento, y bajar al 80 el porcentaje de sueldo que perciban al jubilarse.

También se apunta a reducir las jubilaciones del servicio diplomático, que son menos de 700 en total pero cuyas asignaciones representan, en promedio, unos $334.000 por beneficiario, con un costo de $257 millones anuales, y que también se jubilan con el 82 por ciento móvil.