Según la resolución del magistrado, publicada este mediodía, al frente de la intervención quedará Andrés Shocron, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores.

La intervención no supone la salida del actual directorio, que continuarán en sus cargos, sino que por el plazo que dure todas las decisiones que tome tendrán que estar aprobadas por los interventores.

Mientras dura la intervención, el magistrado prohibió la modificación del capital accionario de Vicentin. No obstante, sí le permite dar curso a contratos de negocios. Precisamente, este jueves -en paralelo- Lorenzini aprobó acuerdos con Oleaginosa Moreno (Glencore) y con Renova (que también está controlada por Glencore).

La subintervención quedará para quien proponga el gobierno de Santa Fe, que a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) reclamó la intervención con el argumento de profundas irregularidades en la sociedad. Con todo, hasta que se designe alguien en el cargo, en la subintervención se designó a María Victoria Stratta, responsable de la IGPJ.

Según lo dispuesto por el juez, la intervención no tiene el sesgo que había pedido originalmente el gobierno nacional y que el propio Lorenzini rechazó, que incluía correr a los directores y tomar el control de la empresa mientras se avanzaba en la expropiación.

En este caso, con esta intervención lo que se busca es que no haya irregularidades en la conducción de los directores y que tampoco se puedan tomar decisiones de fondo, que podrían afectar a los acreedores, como venta de activos. Con todo los activos jugosos ya se vendieron: como el frigorífico Friar. En cierta forma, es una intervención más de tipo administrativa que de conducción pensada para evitar que haya irregularidades en la firma mientras se lleva a cabo la reestructuración.

Si bien la conducción de Vicentin sigue estando en cabeza del flamante directorio, la resolución del juez los tomó por sorpresa. El propio presidente de la empresa, Omar Scarel, el miércoles había dicho en la Legislatura provincial que la intervención de la Provincia «estaba totalmente descartada». Y, a decir verdad, la resolución tampoco era ya esperada por las propias autoridades provinciales. No obstante, al conocerse la noticia, funcionarios de la Casa Gris que asisten en Venado Tuerto a un acto con el presidente Alberto Fernández se mostraron satisfechos. Incluso, aventuraron que probablemente la intervención ayude a clarificar la situación y darle una señal de apoyo concreta a los acreedores.

En rigor, el pedido de intervención provincial era una de las piezas fundamentales del bautizado Plan Perotti. Es que luego de que el juez rechazara los decretos de intervención del gobierno nacional y las asonadas en el interior contra la Casa Rosada hicieran recular al presidente Alberto Fernández y su plan de expropiación, el gobernador santafesino presentó una estrategia alternativo y más dialoguista.

En líneas generales, el Plan Perotti, que estaba mas prolijamente concebido desde el punto de vista legal, argumentaba la necesida de intervenir luego de observar irregularidades administrativas en la sociedad. El interventor, como en este caso, no corría al directorio pero sí conduciría el proceso. La idea era que una vez intervenida la empresa, se forme un fideicomiso -administrado por un tercero- en el que los dueños cederían sus acciones para que los interventores negocien con acreedores y con nuevos inversores la venta (total o parcial) de la compañía. En ese contexto, se reflotaría del plan original la alianza con YPF para desarrollar nuevos negocios de agregado de valor. Ese plan fracasó porque el juez demoró en intervenir la empresa y los dueños de la compañía rechazaron ceder sus acciones.

Precisamente, por esa demora (de varios meses) el «plan Perotti» ya es muy difícil reflotarlo. Es que ahora con un nuevo directorio ya negociando con acreedores la reestructuración de Vicentin y habiendo permitido el juez que la empresa se desprenda de activos, la intervención dispuesta queda reducida al control.