El Gobierno creó el «Programa Casa Propia-Construir Futuro», con el objetivo de promover y financiar proyectos para la construcción de viviendas destinadas a solucionar el déficit habitacional en sectores vulnerables y de clase media que, según estimaciones, se ubica en tres millones de unidades.
La resolución 16/2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial, publicada este martes en el Boletín Oficial, precisó que la iniciativa apuntará a la construcción en todo el país durante el trienio 2021-2023.

Construir viviendas

El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó la necesidad de que el Estado vuelva a recuperar la capacidad de generar nuevas viviendas y subrayó que «esta es una tarea que el Gobierno ha emprendido desde el primer momento, a pesar de las dificultades de la pandemia» de coronavirus.

Scatolini indicó que «el programa Casa Propia genera una política federal de vivienda, con acuerdos con todos los gobernadores del país, intendentes y sindicatos», y sostuvo que «es una tarea que no ha comenzado en este último tiempo, sino que tiene que ver con una decisión desde el comienzo del Gobierno por apostar por la economía real, por el trabajo genuino de los argentinos».

Indicadores

Los recursos presupuestarios del Programa «se asignarán en función a criterios equitativos y solidarios, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional».
Para ello «se utilizarán indicadores poblacionales asociados al déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, la emergencia habitacional, saldo migratorio, desocupación, hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, mano de obra ocupada en la obra pública, entre otros».

Objetivos

El plan promueve «el desarrollo de soluciones habitacionales con estándares de calidad adecuados, mediante la ejecución de obras nuevas», y para ello propone «la incorporación de mano de obra, la reinserción social y laboral de la población afectada».

También postula «movilizar la economía a partir de los mercados locales de materiales e insumos para la construcción, fortaleciendo el proceso de reactivación económica del sector habitacional».
Asimismo, garantiza «seguridad jurídica a los beneficiarios de soluciones habitacionales generadas con financiamiento público, a partir del otorgamiento del correspondiente título de propiedad».