La iniciativa del diputado nacional por el Frente de Todos crea un «Régimen general de tarifas de servicios públicos de competencia nacional», que deberán ser «justas, razonables y transparentes», y establece como criterio que en ningún caso los aumentos podrán ir por encima que lo que marque el índice que mide la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) acumulado desde la fecha de la última modificación o revisión tarifaria correspondiente.

Quedan exceptuados del régimen los usuarios del servicio de gas doméstico de la categoría 3.4 o superiores y los de electricidad de la categoría 7 o superiores.

Por otra parte, las tarifas de servicios públicos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), las cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) no podrán incrementarse en una proporción mayor al valor que fije el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) acumulado desde la fecha de la última modificación o revisión tarifaria.

Asimismo, el proyecto instituye el «Régimen de Equidad Tarifaria Federal», que tiene por objetivo principal «evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan».

La iniciativa de Gioja prevé la creación del «Régimen nacional y universal de beneficiarios de la tarifa social», el cual implica la conformación de un cuadro tarifario diferencial para jubilados, pensionados, beneficiarios de la prestación por desempleo, y monotributistas de las categorías más bajas, entre otros beneficiarios.

De acuerdo al texto, las tarifas de servicios públicos «se fijarán o modificarán con participación previa y no vinculante de asociaciones de usuarios y consumidores, del Defensor del Pueblo de la Nación y de organismos de control».

El dictado de la «emergencia energética» hasta el 31 de diciembre de 2022 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos y licencias de prestación de los servicios públicos.

Por último, contempla la instauración de un «plan de sustentabilidad de los regímenes de servicios de gas y electricidad», que consistirá en una remisión directa de recursos para atender diferencias entre cargos de generación y/o transporte con servicios de distribución, y en la posibilidad de pagar diferencias a generadores y transportistas mediante títulos públicos.