No ha bastado con la retirada de la ley de reforma tributaria ni con el cese del ministro de Hacienda que la redactó, Alberto Carrasquilla. La suma de una semana de protestas, disturbios y violencia policial, que ya se ha cobrado la vida de una veintena de personas, ha arrinconado al presidente Iván Duque más incluso que durante 2019, durante la oleada antigubernamental en la región.

Hace dos años, Duque desactivó las protestas con una hábil maniobra negociadora, pero a la postre sólo postergó el malestar nacional. En la nueva crisis nadie sabe hasta dónde puede llegar la revuelta, que incluso fue capaz de hackear ayer las webs del Ejército colombiano.

Los documentos audiovisuales que muestran a jóvenes asesinados por policías y enfrentamientos de todo tipo han elevado el estado de alarma social y de enfado nacional, azuzado aún más tras la pandemia. El bloqueo de las vías y la violencia soterrada también dividen al país, una parte dispuesta a protestar por sus evidentes problemas (campesinos, taxistas, camioneros, estudiantes) y la otra asustada por el nivel de confrontación social.