El Gobierno nacional envió ayer al Congreso el proyecto de ley de emergencia Covid, que promueve la estandarización de los escenarios epidemiológicos y define las facultades del Presidente para regular las restricciones sanitarias . La iniciativa buscará ser aprobada antes del 21 de mayo, cuando vence el DNU vigente.

Según se desprende del texto la ley le dará la facultad al Poder Ejecutivo para tomar restricciones en distritos que se encuentren en alarma epidemiológica. Es decir, la máxima de las categorías implementadas a partir del nuevo decreto. Con esta nueva herramienta -que todavía tiene que ser aprobada en el Congreso- el Gobierno lograría torcer las decisiones tomadas por de la Ciudad de Buenos Aires y sortear el fallo de la Corte.

Y es aquí donde entra la polémica por las clases presenciales, ya que en este nivel no estarían permitidas. Cabe recordar que actualmente en el AMBA no hay clases presenciales, aunque en la ciudad de Buenos Aires permanecieron luego del fallo de la Corte Suprema.

El proyecto de ley establece el mismo semáforo epidemiológico que el Gobierno imprimió en el último decreto.
Se divide en cuatro categorías. Departamentos de Bajo Riesgo, Medio Riesgo, Alto Riesgo y Alerta Epidemiológica. Los que están en la última categoría serán los que tengan mayor cantidad de restricciones. Además, será el escenario para que el Poder Ejecutivo pueda intervenir si lo considera necesario.

El Gobierno buscará que el proyecto salga por consenso político pese al rechazo que anunció ayer parte del arco político de Juntos por el Cambio.
Las localidades que están incluidas dentro de la categoría Alerta Epidemiológica son consideras por el Gobierno como aquellas en donde el sistema de salud corre riesgo de colapso.

Si las gestiones provinciales no actúan con medidas restrictivas para evitar que baje la circulación de casos de Covid-19 y, en consecuencia, que se reduzca la presión sobre el sistema sanitario, el Poder Ejecutivo estará facultado a tomar medidas, previo intento consenso con las autoridades locales.

El Gobierno podrá actuar en los departamentos que tengan más de 300.000 habitantes, ya que son considerados conglomerados urbanos donde resulta imposible ejercer una contención sobre el virus. “Si la situación empeora en esos lugares, la ley le permite al Gobierno poder intervenir y tomar medidas”, aclararon en la Casa Rosada.

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En las localidades con menos de 40.000 habitantes las decisiones quedarán exclusivamente en manos del Gobernador y, en el territorio, del intendente.