Quince penitenciarios que trabajan en la cárcel de Piñero quedaron bajo la lupa, con sumario abierto, tras la fuga de los presos Hugo Peralta y Carlos Andrés D’Angelo, condenados a 20 y 23 años de prisión respectivamente, quienes se evadieron del penal más moderno de la provincia el lunes por la tarde con la visita escondidos en dos carros con plataforma similares a los de los supermercados mayoristas. Los fiscales Franco Carbone y Georgina Pairola analizan la responsabilidad de diez de esos penitenciarios, quienes podría ser imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y facilitamiento de evasión, entre otros. Además fue detenida la concubina de D’Angelo, quien lo visitó el lunes por la tarde y quien, según la acusación, fue quien lo sacó en un carrito que no fue revisado por al menos cuatro puestos de control del Servicio Penitenciario (SP) a la salida de la visita. Buscan además a otra mujer que la acompañaba y que sacó a Peralta. Los evadidos siguen prófugos.

El encargado de poner la cara públicamente por la situación fue el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Jorge Bortolozzi. El funcionario se mostró “avergonzado ante los familiares de las víctimas de los dos fugados”. Los detenidos “pasaron por cuatro puestos de control sin que ningún empleado revisara los carritos en los que llevaban cajas o valijas. Nadie los requisó. Yo voy a la cárcel de Piñero y me hacen abrir el baúl. Esta gente paso como si nada. Nadie los revisó. Y son dos muchachos de 1.65 o 1.70 metro. Es imposible que una fuga de este nivel se haga sin una connivencia con el personal”, explicó quien fuera interventor de la cárcel de Coronda tras la masacre de abril de 2005 y el último Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del gobierno de Jorge Obeid hasta 2007.

Bortolozzi, quien asumió el 19 de febrero pasado como subsecretario de Asuntos Penitenciarios enmarcó la fuga en una interna dentro de SP “que quiere tumbar esta conducción”. Anticipó que han puesto a disposición del fiscal Carbone una serie de amenazas y advertencias de desestabilización que vienen sufriendo. “Es una institución donde no hay ni premios ni castigos. Por la evasión de la autopista (en la que Peralta y D’Angelo fueron protagonistas) no hubo sancionados. Muchos de los empleados tienen una pésima formación. Y a eso hay que agregarle la corrupción”, indicó. “Estamos auditando una cifra de 60 millones de pesos que el SP recibió por fondos Covid en cuatro veces y hay muchas cuentas que no están cerrando”, explicó Bortolozzi.

El SP santafesino cuenta con alrededor de 3700 efectivos que trabajan mayoritariamente en las diez cárceles que hay en la provincia. A partir de la gestión del gobernador Omar Perotti el SP dejó de pertenecer al área del MInisterio de Seguridad y pasó al de Gobierno. En tiempos de conducción el ex Ministro de Seguridad Marcelo Saín había planteado sus serias diferencias con el SP.

Expertos en fugas
Hugo Peralta, de 39 años, y Carlos D’Angelo, de 35, no son dos presos comunes. Llevan sobre sus espaldas la intención permanente de fugarse del presidio en el que estén. Peralta se había fugado del penal de la comisaria 16ª antes de protagonizar junto a D’Angelo y otros 7 internos una evasión cuando eran trasladados en un minibus del SP sobre la autopista a Santa Fe, en el kilómetro 3, el 8 de mayo de 2019. Peralta cumplía una condena por robo calificado.

D’Angelo, integrante de la banda del “Cumbia Robledo”, fue uno de los cuatro condenados por haber participado en el homicidio del comerciante Edgardo Giménez, baleado en un intento de robo a su comercio en “El Palacio de la Porcelana” de Granadero Baigorria el 30 de octubre de 2014. Los ladrones sustrajeron 5 mil pesos y el comerciante quiso resistirse al atraco y los enfrentó a los tiros. D’Angelo fue condenado a 23 años de prisión.

Según pudo reconstruirse Peralta y D’Angelo estaban alojados en el pabellón 13 de la cárcel de Piñero, el mismo en el que esta alojado René “El Brujo” Ungaro. Un ámbito para 80 internos poblado parcialmente. El lunes fue día de visita, que transcurrió con normalidad. A las 18 las visitas pasaron los muros de la prisión y cuando los empleados del SP comenzaron a hacer el conteo de los presos, les faltaban dos. “El grave problema que se tiene en cárceles como la de Piñero es que la cadena de mando está rota y hay una enorme desconfianza entre el personal. Como requisas vos ya sabes que hay compañeros tuyos que no requisan. Que hacen la vista gorda. Qué confianza puede tener el director mirando hacia abajo o el personal mirando hacia arriba”, explicó un conocedor del SP.

Los SP fueron a revisar las cámaras de videovigilancia, alrededor de 12 que tomaban todo el recorrido de los visitantes. Las parejas de Peralta y D’Angelo habían ingresado cajas con elementos de limpieza y gran cantidad de víveres. Por el peso usaron una carretillas o carritos de medidas con unas medidas aproximadas de 725 x 427 x 820. A la vista, similares a los que se usan en los supermercados mayoristas que son abiertos sin enrejados. Unas carretillas que puede soportar unos 150 kilos.

A las 16.26 dos mujeres rubias salieron por el último puesto de los cuatro controles que debieron sin que nadie las revisara. Apoyados en una caja de plástico dura, de las que se utilizan como organizadores, Peralta y D’Angelo salieron camuflados entre cajas de bananas y ropa. Ninguno de los penitenciarios atinó a hacer otro cosa que pedirles del ticket o pase de la visita. Luego las mujeres cruzaron el playón de estacionamiento de la cárcel hasta el extremo más alejado y llegaron a una Ford EcoSport que estaba estacionada con un hombre al volante.

Las mujeres se valieron del auto para colocar los carritos fuera del alcance de las cámaras y, según infieren los investigadores, ese fue el momento en el que los presos se escabulleron en el EcoSport. Anoticiados en el SP y el gobierno dieron parte a la Justicia. Los fiscales Carbone y Pairola tomaron la investigación y allanaron las viviendas de las concubinas de Peralta y D’Angelo. La primera no estaba. La segunda fue encontrada por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en los monoblocks de Alice al 5000, en el Parque del Mercado. Allí fue detenida Joana Ayelen C., de 32 años, quien será imputada junto a los penitenciarios por favorecimiento doloso de evasión en principio este viernes.

El dolor de las víctimas
Para los familiares de Edgardo “Rana” Giménez fue otro golpe a la mandíbula. Conocida públicamente la noticia de la fuga de D’Angelo, la hermana y el padre de la víctima se encadenaron en una de las puertas de la sede de Gobernación. Un reclamo que debieron realizar al menos dos veces. La primera vez fue cuando Joaquín “Pelado“ Pérez, el quinto integrante de la banda que fue liberado por error del SP en julio de 2017 y recapturado en Córdoba un año más tarde. La provincia llegó a ofrecer un millón de pesos por su cabeza. La anterior cuando D’Angelo se fugó en la autopista en mayo de 2019. Y ahora con una nueva fuga de D’Angelo.

“Esta es a segunda vez que se da a la fuga (D’Angelo), por eso entendemos que acá hay algo más. Ya no nos creemos que son escapadas de un preso común sino que hay todo un sistema que lo está respaldando; la sospecha que nos invade como familia es que hay otros intereses de otros lugares y que esta persona les sirve más afuera que adentro”, explicó Gabriela, hermana del comerciante asesinado en Baigorria. “Cualquiera que conoce Piñero sabe que tanto al ingresar como al egresar hay que dejar el DNI y firmar un acta. Es imposible salir porque ahí hay un guardia, por eso queremos que toda la gente que ayer haya trabajado ahí tenga alguna sanción”, sostuvo la hermana. (La Capital)