Se podrá aplicar el código penal a quienes lleven adelante la medida de fuerza.

A pesar del anuncio de Agmer de no acatar el fallo de la justicia entrerriana que ordena suspender por 20 días medidas de fuerza para reestablecer un ámbito de diálogo, el gobierno ratificó que participará de la audiencia de conciliación entre sindicatos y Consejo General de Educación que fijó la jueza Gladys Pinto para el lunes.

No es la primera vez que ocurre, ya que en 2010 se inició un proceso penal. Al ser la segunda vez que el gremio incurre en desobediencia judicial; si este suceso se suma, las consecuencias pueden ser muy graves, ya que el no acatamiento de una decisión judicial implica la aplicación de las previsiones que establece el código penal.

Este viernes a última hora la justicia entrerriana había ordenado suspender por 20 días hábiles las medidas de fuerza (paro y movilización) anunciadas por Agmer y AMET desde el lunes y hasta el viernes, y fijó una audiencia entre las partes para el lunes a la que el gobierno confirmó su asistencia.

«No significa el fin de las paritarias ni la intencionalidad de anular el ejercicio del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución sino que, por el contrario, es una medida necesaria de urgencia en función de la falta inminente de servicio educativo y de restablecimiento de un medio y ámbito de diálogo que permita intentar arribar a un acuerdo en pos de todos los actores del conflicto y de quienes son receptores directos de sus consecuencias», expresa la jueza del Trabajo Gladys Pinto.

«Entendemos que corresponde a las asociaciones gremiales y sindicales ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación, sobre todo el de niños y adolescentes, con la consecuente incidencia en las familias y la comunidad», aclara la resolución.

La Constitución de la provincia considera a la educación no como un servicio público, sino como un bien social, la Justicia lo toma y en ese marco asume que es «una actividad dirigida al mejoramiento de los individuos, especialmente a aquellos más vulnerables» y menciona la «desigualdad» que se genera entre aquellos alumnos que asisten a establecimientos públicos y aquellos que concurren a escuelas privadas.

«El ejercicio de un derecho no puede ir en desmedro de otro», afirma la jueza. No prohíbe la prosecución de los reclamos del sector docente hasta lograr el esperado consenso, pero pide una «cuidadosa ponderación de los derechos en juego».

«El conflicto se ha generado entre el CGE y las entidades gremiales Agmer y AMET ejerciendo éstas últimas su derecho constitucional de huelga, pero los directamente perjudicados son terceros ajenos a dicho conflicto -al menos en lo que refiere a la cuestión salarial- y que no han tenido oportunidad de ser oídos antes de tomar la decisión finalmente adoptada», afirma la jueza.

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