Las declaraciones de la cartera tuvieron lugar después de que se diera a conocer que unos 250.000 beneficiarios habrían comprado la divisa norteamericana o declarado Bienes Personales. El dato surgió de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tras un informe solicitado el 30 de junio por el entonces ministro, Juan Zabaleta.
Esto surgió mientras el Gobierno de Alberto Fernández anunciaba una fuerte revisión de los planes sociales, para controlar mejor los gastos del Estado. El pedido de informes se contestó el 24 de octubre, y ahora el Ministerio espera poder identificar a todos los ciudadanos incluidos en este cuestionado universo de beneficiarios irregulares.
En concreto, de los 1,3 millones de inscriptos, 253.184 -el 18,30%- hicieron declaraciones juradas de Bienes Personales, mientras que 35.398 -2,56%-, habrían adquirido dólares en los últimos seis meses. Así, todos ellos podría ser expulsados a la brevedad.
El Ministerio de Desarrollo Social gasta casi la mitad de su presupuesto anual en el Potenciar Trabajo
«La información es todavía estadística, no permite encontrar la nominalidad de esos datos», detalló Desarrollo Social. Con ese marco, anticiparon que se pondrá mayor atención en trabajar de modo articulado con el Ministerio de Trabajo, la AFIP y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), para entrecruzar datos.
«El Potenciar Trabajo es una política muy importante, conlleva una erogación presupuestaria de casi el 50% del presupuesto nacional anual de este Ministerio», añadieron en una conferencia de prensa. Ahora, se están entrecruzando los datos de la última liquidación del programa para identificar las inconsistencias entre los receptores.
«Es parte del trabajo que estamos haciendo a la hora de tener certezas del universo que hoy recibe el Potenciar Trabajo», agregaron. «La gran mayoría son hombres y mujeres que no tienen ingresos, que no tienen recursos. Hay un reconocimiento a la actividad popular, pero si uno, dos, o 100, están incumpliendo con parte del acceso a la ventanilla del Ministerio de Desarrollo Social, por supuesto que no lo vamos a permitir», ratificaron.
Por otro lado, este miércoles dirigentes de agrupaciones sociales piqueteras acudieron al Ministerio, tras anunciar una gran protesta autodenominada «piquetazo», para este jueves. El anuncio de la movilización se dio mientras el Gobierno avanza en su política de limitar los nuevos accesos a los planes sociales.
De todos modos, desde el Ejecutivo ya aclararon que pese a las intenciones de cortar las calles por parte de los movimientos sociales, la decisión de restringir las inscripciones seguirá firme.
Actualmente, la remuneración para los beneficiarios del plan es de 27.275 pesos. El programa está pensado para personas vulnerables, sin empleo formal o ingresos registrados considerables, publicó Télam. (APFDigital)