La ONU reclamó medidas urgentes por los maltratos carcelarios

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La ONU, según afirmaron, cuenta con denuncias sobre violencia institucional contra los reclusos al ingresar a las cárceles y “otras prácticas de asfixia con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, así como castigos colectivos gravosos”. Incluso, el comité puntualizó también que existen “traslados arbitrarios de detenidos lejos de sus familias a modo de castigo encubierto”. Al tiempo que instó al Estado argentino a tomar medidas “urgentes para evaluar las prácticas de torturas y maltrato en los centros de detención a nivel federal y provincial”.
En ese sentido, el comité le exigió al Gobierno que “reafirme de forma inequívoca la prohibición absoluta de la tortura”, que investigue “sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención” y que garantice, cuando sea posible, que los reclusos sean alojados en cárceles cercanas a sus hogares. Además, afirmaron que a partir de 2009 se registró un incremento incesante de la población carcelaria, lo que redundó en cárceles colapsadas y, en el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, una situación de emergencia penitenciaria que continúa hasta hoy.
Asimismo, el comité rechazó las detenciones en comisarías y criticó la práctica “de alojar a personas detenidas de forma prolongada en dependencia policiales, por no estar preparadas para ese fin”. Incluso, aseveró que el 60 por ciento de los presos en la Argentina está en prisión preventiva y la duración de las detenciones bajo ese régimen es “excesiva”, señaló el comité, que marcó como preocupante el proyecto legislativo que eliminaría “el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos”, porque conspiraría contra la reinserción social.
Otro de los puntos criticados por la ONU es “el elevado número de muertes en detención” que, según cifras oficiales, ascendió a un promedio de 43 anuales en el sistema penitenciario federal entre 2008 y 2016.
El informe es el resultante de un análisis sobre la situación en las cárceles del país, que se hizo el 26 y 27 de abril en Ginebra y que no se realizaba desde el año 2004, donde puso el acento en el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura. Las conclusiones llegaron luego de que el Gobierno presentara un escrito y de escuchar a la delegación nacional que planteó las medidas y esfuerzos del país. Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entregó al comité “un informe alternativo” sobre “las situaciones de abuso” que padecen las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Argentina.