Con el apoyo de movimientos sociales y la Iglesia, el Gobierno nacional puso en marcha el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, que permitirá dar certificados de vivienda familiar a 2 millones de habitantes de unas 4.100 villas y asentamientos de todo el país, además de acceder a distintos servicios.
La medida -puesta en marcha mediante el decreto 358, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y los ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Desarrolllo Social, Carolina Stanley- fue celebrada por organizaciones sociales y por Cáritas, que la consideraron positiva.
“Es una medida histórica, que no se había hecho nunca en el país. Por primera vez pudimos relevar 4.100 barrios y asentamientos en todo el país y podremos entregarles a esas familias un certificado de vivienda y de domicilio que les permitirá acceder a distintos servicios”, destacó Stanley a la radio Cadena 3.
En este sentido, remarcó el trabajo y la “vocación de diálogo” de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) con quienes “se pudo acordar la emergencia social, avanzar en su reglamentación y en proyectos productivos”.
Por medio del decreto publicado hoy, el Gobierno dispuso la creación del mecanismo cuya función principal será la de “registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en esos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas”.
La medida beneficiará a 500.000 hogares que se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de dos millones de personas, según datos del Censo Nacional de Población de 2010, el último realizado en el país.