«La intención es que estas personas que no han demostrado ningún interés en respetar la institucionalidad del organismo continúen detenidas, al menos en esta primera etapa de la investigación penal», señaló la magistrada.

Adelantó, en una entrevista concedida este jueves de mañana, que si el juez decidiera otra cosa «se analizará una alternativa» como la posibilidad de disponer una restricción de acercamiento.

Informó, además, que «se está evaluando hasta dónde llegan las responsabilidades y las imputaciones» pero consideró que «es probable que la imputación llegue al ministro (de Salud, Ariel) De la Rosa».

Puntualizó que el delito de coacción agravada «tiene una pena de 5 a 10 años de prisión cuando las coacciones tienen por fin obtener una medida concreta de un organismo público».