El Gobierno dispuso la instrucción de un sumario administrativo a las tres empleadas del Hospital Colonia Raúl Camino, de Federal, a quienes se acusa de haber filmado con un teléfono celular a dos pacientes, mientras mantenían relaciones sexuales, y después haber viralizado esas imágenes en las redes sociales.
Las trabajadoras investigadas son Vanina Fabiana Maldonado, María Betiana Leiva y Verónica Ducasse, y por cuanto su conducta se correspondería con las causales de cesantía previstas en la Ley Marco del Empleo Público Nº 9.755. Dos de ellas, Maldonado y Leiva son, además, delegada de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Sumarios y presentación en la Justicia
Lo que seguirá ahora es que el tema saldrá de la órbita del Ministerio de Salud, donde empezó la tramitación luego de que se conociera el escandaloso video (que, entre otras cosas, viola los principios de la Ley Nº 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental) y quedará en la Fiscalía de Estado, con la intervención de la Dirección de Sumarios y el inicio de una presentación en la Justicia para conseguir el desafuero de las dos delegadas gremiales.
El hecho ocurrió el lunes 12 de junio, aunque en el Ministerio de Salud recién tomaron conocimiento el viernes 16. Las autoridades actuaron rápidamente no bien tomaron nota del incidente, al punto que el director del Hospital Psiquiátrico de Federal, Mauricio Díaz, fue citado a Paraná el sábado 17, y llegó a la capital provincial con toda la documentación del caso para entregársela al asesor legal Germán Coronel.
Siguen trabajando
Las tres trabajadoras que cometieron ese hecho vandálico y de violación a los mínimos principios de respeto a la dignidad de los pacientes, sin embargo, todavía siguen en sus puertos. Tienen la garantía de la estabilidad del empleo público y por tanto no pueden ser removidas sin que antes se sustancie un sumario administrativo. «Hubo mucha indignación, pero ahora el clima está un poco más calmo, aunque las tres empleadas siguen en sus lugares, trabajando», aclaró el director del Hospital Raúl Caminos.
Cuando el caso estalló públicamente, a horas de la asunción de la nueva ministra de Salud, Sonia Velázquez, hubo un pronunciamiento público desde el Gobierno, de condena al proceder de las tres empleadas.
«Esto hecho gravísimo vulnera la Ley de Salud Mental. Vulnera absolutamente todos los paradigmas que impuso la nueva Ley de Salud Mental. Se ha violentado la intimidad de los pacientes, no se han respetado principios básicos que impone que los pacientes no pueden ser objeto de burla ni sometidos a situaciones degradantes», indicó entonces la ministra.