Recientemente Greenpeace e iFixit, web colaborativa de manuales de reparación de equipos tecnológicos, han publicado un estudio donde se analiza el índice de reparación de diferentes productos electrónicos, de acuerdo a cuatro criterios: si es posible sustituir la batería, si se puede reemplazar la pantalla, la necesidad de herramientas especiales para abrirlo y la disponibilidad de piezas de repuesto. El objetivo es “luchar contra la obsolescencia programada que nos obliga a consumir de forma compulsiva’, según María José Caballero, miembro del grupo ecologista en España.
Este estudio vuelve a poner de actualidad la obsolescencia programada, un tema que desde que se empezó a tratar sufre un gran rechazo social, que sin duda, tiene más que ver por ser concebida como un fraude frente al consumidor que por tener conciencia de sus impactos ambientales y sociales, problemas que se perciben más lejanos y ajenos.
A la vez, el estudio aporta un sentido más amplio al problema, y es que el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza de obsolescencia programada, es el mostrado en el documental de Cosima Dannoritzer, Comprar, tirar, comprar, el de una impresora con un chip que hace que ésta deje de funcionar cuando alcanza un número determinado de copias. Sin embargo, igualmente, el diseño de objetos para evitar que sean reparados no hace otra cosa que determinar la vida útil del producto en su concepción.
Y es que son muchos los sistemas para reducir la duración de los productos tecnológicos, como el no hacer un control de calidad adecuado o el simple uso de materiales de mala calidad, por tanto, determinar que se trata de obsolescencia programada no es simplemente encontrar el chip en cuestión. Pero es que además, este fenómeno no sólo se aplica a la tecnología, sino que es una práctica generalizada en casi cualquier producto: ropa que dura una temporada, muebles endebles, juguetes que se rompen a los pocos usos, medicinas a las que se les pone una fecha de caducidad demasiado corta frente a su duración real [1]…