El Tribunal de Cuentas auditó el Programa Federal Techo Digno

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En el marco de la Red Federal de Control Público, auditores del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, realizaron una Auditoria al Programa de Desarrollo de la Infraestructura Habitacional Techo Digno, administrado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a los efectos de evaluar la operatoria del mismo.

La Red Federal de Control Público se instituye como un emprendimiento organizacional que integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría, con el fin de evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por las jurisdicciones de carácter nacional. Se constituye además, como la garante de cobertura de control en el ámbito nacional, a través de relevamientos y acciones directas en el campo de ejecución de la política social.

La Red Federal de Control Público constituye un instrumento eficaz y permanente para la fiscalización de la gestión pública, con mecanismos de prevención, detección y medición de gran utilidad para la minimización de los riesgos a los que se encuentra expuesta la misma.

En este sentido, auditores del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos efectuaron una auditoria del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Habitacional Techo Digno. El control realizado por el equipo técnico del TCER se basó en fiscalizar la aplicación de los fondos transferidos al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (I.A.P.V.) para los Acuerdos N° 1522-1521; 2270/14 y 774/15, correspondientes a los planes de viviendas en Santa Elena (50 viviendas), en Concepción del Uruguay (350 viviendas), en San José (100 viviendas) y en Puerto Yeruá (20 viviendas), las que fueron ejecutadas durante el ejercicio 2016.

Además, el personal del organo de control visitó dichas localidades a los efectos de la inspección física de las obras, constatando el ritmo de ejecución física de cada uno de los planes habitacionales objeto de la auditoria; verificando el grado de ejecución de las obras de infraestructura y complementarias (nexos con los servicios públicos); fiscalizando que la construcción de las viviendas concuerden con el diseño presentado en el proyecto de obra; observando el cumplimiento de las estipulaciones previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones de la selección de la empresa contratista, referida a: cantidad de ambientes, superficies mínimas de los ambientes, baño, superficie mínima total de las viviendas, equipamiento; y controlando las viviendas destinadas a personas con capacidades diferentes.