Ex ministro durante el gobierno de Montiel aceptó una pena condicional
— 05/09/2017 Comentarios desactivados en Ex ministro durante el gobierno de Montiel aceptó una pena condicional 20Oscar Berón reconoció su responsabilidad en el delito de Fraude a la administración pública por administración pública. Aceptó 2 años y 6 meses de prisión condicional, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El inicio del juicio que se sustancia para determinar la responsabilidad del abogado Enrique Carbó, de 58 años, del licenciado en Administración Pública Rubén Villaverde, de 63 años, y del contador Oscar Berón, de 62 años, comenzó ayer con la presentación de un acuerdo de juicio abreviado en relación a la situación de Berón.
Los tres ex funcionario del gobierno de la Alianza fueron imputados de los delitos de Fraude a la administración pública por administración infiel y Falsificación ideológica.
La denuncia la realizó el ex gobernador justicialista Jorge Busti y comprendía a su par radical Sergio Montiel. En mayo de 2003, cuando se habrían cometido los hechos, Carbó era ministro de Gobierno, Villaverde de Acción Social y Berón de Economía.
El Tribunal de Juicio, integrado por Alejandro Grippo, Pablo Vírgala y Elvio Garzón, receptó el acuerdo celebrado entre la fiscal coordinadora, Carolina Castagno, y los defensores de Berón, Raúl Avero y Mario Cardona, y dará a conocer si lo homologa cuando dicte la sentencia respecto de la situación de Carbó, que es defendido por su hermano, Alejandro Carbó; y de Villaverde, que es representado por Fernanda Tardelli.
El acuerdo consistió en la pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional, más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Berón suma una nueva condena, puesto que 7 de julio de 2011 fue condenado a la pena de 2 años y 2 meses de ejecución condicional mas la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el Tribunal de la Sala I en la Cámara del Crimen por el delito de Fraude en perjuicio de la
Administración Pública y Negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa conocida públicamente como San José.
Ayer, Berón reconoció su responsabilidad en la maniobra consistente en suscribir, en mayo de 2003 y en Acuerdo general de Ministros, el Decreto Nº 2136/02, en el que se insertó una fecha falsa, la del 31 de mayo de 2002, con «la finalidad de lograr que dieciséis empleados pudieran cobrar los haberes correspondientes desde la fecha consignada, es decir, con un año de retroactividad, causándole de este modo, un perjuicio al Fisco Provincial, toda vez que, al mismo tiempo dichos Agentes estaban percibiendo distintas ayudas económicas, como Plan Jefe o Jefas de Hogar, o bien como contratados, percibiendo un ‘sueldo’, con retroactividad, que no correspondía».
En este sentido, sostuvo que debió haber sido más «aplicado y estricto» en el control de los actos administrativos que llegaban a su despacho, pero deslindó responsabilidades al reconocer que «las circunstancias de ese momento no me lo permitieron. Por eso asumí mi responsabilidad».
«Las circunstancias» a las que aludió Berón fue la crisis económica financiera que las políticas neoliberales de fines del siglo pasado y principios de este, generaron en el país y en la provincia, que en el caso entrerriano pretendió enfrentar la falta de dinero circulante con la emisión de Letras de Tesorería, que popularmente se conocieron como Bonos Federales (Bofe).
Testimonios
En la primera jornada de debate respecto de la situación de Carbó y Villaverde, declararon Sergio Gustavo Avero, que fue Fiscal de Estado al momento de los hechos investigados; Miguel Ulrich, que era empleado de la Contaduría General de la Provincia; y Raúl Ernesto Caferatta, que fue Tesorero entre 2003 y 2013.
Los testigos relataron cómo se realizaban los trámites burocráticos relacionados con el pase a planta permanente del Estado de nuevos agentes y cómo se realizaba la liquidación de sueldos y su correspondiente pago.
