Declaró Feltes por negocios en la Cumbre del Mercosur

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La titular de la Dirección Provincial de Vialidad está acusada por el delito de fraude contra la administración pública, por la omisión de controles. La funcionaria hizo una extensa declaración y contestó preguntas. Rechazó los cargos y apuntó a los funcionarios de Cancillería.

La titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez de Feltes, declaró durante dos horas y media en la causa que la tiene como imputada por las presuntas irregularidades en la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur, celebrada en diciembre de 2014 en Paraná.

Alicia Benítez de Feltes se desempeñaba en aquel momento al frente de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la provincia y fue designada como coordinadora general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), la comisión creada para canalizar las obras y servicios a realizarse.

La funcionaria llegó acompañada por su abogado defensor, Santiago Halle, hizo una extensa declaración y luego respondió a las preguntas que le formularon los fiscales Juan Francisco Malvasio y Alejandro Cánepa y el auxiliar Gonzalo Badano.

Según pudo saber Página Judicial, Feltes rechazó la imputación, explicó en qué había consistido su tarea al frente de la UOCM y admitió las complicaciones operativas que trajo la sanción de una ley especial para tramitar todo lo referente a las contrataciones para la ejecución de obras y la provisión de servicios para la Cumbre del Mercosur.

Según dijo, la ley especial no delimitaba las funciones que debía desempeñar el coordinador de la UOCM respecto de los controles de las contrataciones de obras y servicios; como sí lo establece claramente la Ley de Obras Públicas.

La funcionaria está acusada por el delito de fraude contra la administración pública y sus defensores consideran que este punto es clave en su estrategia. Los fiscales han puesto en duda el celo con que la funcionaria efectuó los controles y creen que eso permitió el pago de sobreprecios estimados en 17 millones de pesos.

Como se dijo, Alicia Benítez de Feltes se desempeñaba en aquel momento al frente de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la provincia y fue designada como coordinadora general de la UOCM. En tanto, el empresario Miguel Marizza fue nombrado en representación de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Ambos firmaron los documentos autorizando los pagos, que habrían beneficiado a las empresas Caballi SA (Marizza), Szczech & Szczech (Néstor Iván Szcezech), Cemyc SRL (Rubén Grasso) y OICSA SA (Daniel Hereñú).

En su declaración, Feltes explicó que en la práctica su tarea se limitaba a efectuar los controles sobre la ejecución de obras sobre los edificios públicos que estarían afectados a las deliberaciones de la cumbre de mandatarios; y aseguró que los controles sobre la provisión de bienes y servicios –provisión, instalación y operación de componentes de audio y video; el armado, mantenimiento y desarme de elementos; instalación eléctrica; arreglos florales, etcétera– estuvo a cargo de los funcionarios de Cancillería, que pusieron innumerables exigencias para la celebración de la Cumbre del Mercosur y monitorearon los trabajos en todo momento. Mencionó, por ejemplo, ofertas para la realización de refacciones en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina que fueron devueltas a la Cámara de la Construcción porque las propuestas realizadas por las empresas estaban por encima de los valores de mercado.

Tras prestar declaración, la funcionaria fue identificada, se les tomaron las huellas dactilares y fue revisada por profesionales del Departamento Médico Forense del Poder Judicial.

Fuente: Página Judicial – Página Política