La provincia planteará la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas del impuesto a las ganancias. Otro punto de ataque jurídico será que en 1989 el Poder Ejecutivo Nacional devolvió a las provincias competencias en materias de salud, educación y transporte, sin transferir las consecuentes competencias tributarias.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, participó este viernes de la segunda reunión cumbre de fiscales de Estado de todo el país en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria surgió tras la demanda judicial que interpuso la provincia gobernada por María Eugenia Vidal, quien reclama la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, congelado en 650 millones de pesos..

El funcionario entrerriano detalló algunos puntos en los que se concentrará la contestación de Entre Ríos que vence la próxima semana, como es la de plantear “la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas” del impuesto a las ganancias. En este punto coincidieron también La Pampa y Mendoza. Además, la provincia se opondrá a la cautelar porque no hay peligro en la demora, no hay verosimilitud del derecho y la provincia de Buenos Aires ha dejado transcurrir diez años sin quejarse.

Al cierre del Foro, del cual el funcionario entrerriano es vicepresidente, informó sobre algunos aspectos de la contestación que tiene a cargo por Entre Ríos interpretando que “hay peligro de perjuicio sobre los presupuestos y competencias de las provincias. Los excedentes del Fondo del Conurbano son recibidos por las provincias como recursos corrientes y por lo tanto se incorporan a los presupuestos para pagar gasto corriente: remuneraciones, jubilaciones, coparticipación a los Municipios y gastos de funcionamiento. Cualquier detracción impacta sobre esos rubros”, explicó Rodríguez Signes.

En este sentido se apunta a cuestionar el artículo 104 de esta ley que establece, entre otras asignaciones, que el 10 por ciento de la recaudación de Ganancias es para el Fondo del Conurbano y que se distribuya en cambio el 100% de su recaudación a las provincias, vía coparticipación.

Según se prevé argumentar, el mentado artículo “no cumple con los estrictos requisitos que la Carta Magna exige para el establecimiento de asignaciones específicas. Por lo tanto, resulta manifiestamente inconstitucional e insanablemente inválido, cuestión que amerita una declaración judicial de carácter previo, que a la postre tornará abstracto el análisis principal”.

Otro punto de ataque jurídico del gobierno entrerriano será que “en 1989 el Poder Ejecutivo Nacional ‘devolvió’ a las provincias competencias en materias de salud, educación y transporte”, aunque “lo hizo sin transferir las consecuentes competencias tributarias, y obviamente sin asignar fondos”, en tanto que Buenos Aires recibe un 1,57 % de la coparticipación preprimaria desde 1988 (artículo 3 de la Ley 23548).

Además, el gobierno entrerriano irá contra el argumento de que Buenos Aires necesita más fondos ya que, “conforme un serio informe del Conicet, las zonas geográficas con menor nivel de calidad de vida no se ubican en el territorio de la provincia promotora de este pleito”.

Para ampliar este ítem se aporta un trabajo titulado “Geógrafa y calidad de vida en Argentina “realizado por un grupo de investigadores del Conicet y la Universidad del Centro, dirigido por Guillermo Ángel Velázquez.