Quieren aplicar multas y penas de prisión por las amenazas de bomba en colegios

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Después de aumentar las sanciones punitivas contra los responsables de agresiones contra docentes, ahora la Legislatura provincial evalúa un proyecto que prevé hasta 30 días de prisión para los responsables de amenazas telefónicas en los colegios.

La iniciativa se conoce en medio de una ola de llamados a establecimientos provinciales que pusieron en alerta a las autoridades. Según los datos oficiales de Seguridad, entre el viernes y ayer hubo 400 alertas de este tipo en el 911. En un mes, se registraron más de 2.800 comunicaciones amenazantes.

A través de un proyecto de Ley, el senador Andrés De Leo (Cambiemos), propone incorporar como artículo 74º tercero al Código de Faltas, un texto que prevé arresto de cinco (5) a treinta (30) días o multa de entre el cincuenta (50%) y el cien (100%) por ciento del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la persona que intentare o impidiere, valiéndose de correo postal, teléfono, correo electrónico, Internet, sitios web y redes sociales virtuales, obstaculizar el normal funcionamiento de un establecimiento educativo de gestión pública o privada.

Es el mismo esquema que se aplicó para los agresores de docentes o trabajadores de la educación. Esa modificación entró en vigencia este año y aún no se pudo aplicar la sanción, aunque una madre de Tigre quedó involucrada en una causa por agredir a una maestra.

Además, la iniciativa del senador bahiense señala que cuando la falta sea cometida por un menor, serán los padres, tutores, curadores y guardadores los sancionados.

“El proyecto pretende una sanción específica para aquellos personas que llevan a cabo una amenaza a establecimientos educativos”, dijo De Leo en sus fundamentos. Y agregó: “en la actualidad advertimos como ha ido incrementándose a través de las llamadas telefónicas a los colegios, la indicación acerca de la colocación de artefactos explosivos”.