En Colón apareció el arma usada para matar a un policía en Buenos Aires

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Dos sospechosos de haber integrado la banda que ejecutó a un policía federal en Isidro Casanova cayeron por un robo cometido en Entre Ríos. Los hechos sucedieron hace 6 años y aún no se hizo justicia.
Norma ya perdió la cuenta. No sabe cuántas marchas encabezó y cuántas puertas golpeó para reclamar justicia por el crimen de Néstor Alejandro Valdez (31), un policía de la Federal asesinado durante un robo en su casa de Isidro Casanova. A cinco años y diez meses del homicidio, la lucha está lejos de terminarse: el juicio contra el único imputado tuvo una nueva postergación y recién comenzaría en 2018. “Es uno de los tantos manoseos que sufrimos”, resume la madre de la víctima.

El calvario la familia Valdez comenzó el 12 de febrero de 2012. Norma, su marido y algunos de sus hijos habían compartido un día de campo en Lobos. Volvieron a la noche, tras una larga y agotadora jornada de calor. En la casa encontraron al cabo Valdez, quien había prestado servicio en la comisaría 2° de San Telmo. “Me dijo que estaba muy cansado y se tiró en mi cama. Se durmió al segundo”, recuerda su mamá.

Los padres de Valdez, su esposa, sus cuatro hermanos, su sobrina y su hijo de ocho años se quedaron en el comedor de la casa. Habían dejado la ventana abierta y la puerta entornada, para que entrara algo de aire. Diez minutos después sintieron ruidos raros y se encontraron con cuatro hombres y una mujer. Los amenazaron con armas, los golpearon y los ataron. Mientras revolvían uno de los placares, cayó al piso una gorra de policía. “Acá hay un cana”, gritaron.

Uno de los ladrones corrió hasta la habitación y se topó con Valdez. El policía intentó defenderse, pero no le dieron tiempo: mientras forcejeaba con uno de los asaltantes, otro de sus cómplices lo ejecutó a balazos. “Los tiros lo atravesaron”, recuerda Néstor, papá de la víctima, mientras recorre su panza con un dedo. El hombre cargó a su hijo en una camioneta y lo llevó hasta el hospital Paroissien. Los médicos no pudieron salvarlo.

Tras el duelo, llegó una nueva pesadilla para la familia Valdez: la búsqueda de justicia. “Nadie hizo nada para investigar. Tuvimos que insistir, reunirnos con los fiscales, las autoridades del Ministerio de Seguridad. Todos nos escuchaban pero nadie nos daba soluciones”, explica Norma, quien se sumó en los reclamos a otras víctimas de hechos de inseguridad.

La conexión con Entre Ríos

Una de las primeras líneas de investigación apuntó a una banda que cometía entraderas en la zona: les adjudicaban robos en Morón, Isidro Casanova y Rafael Castillo, entre otras localidades del oeste del GBA. Poco días después, dos sospechosos de esa banda cayeron por un robo cometido en Colón, Entre Ríos. Parecía el final de la búsqueda. Pero aún faltaban dos años.

“El fiscal a cargo de la causa, José Luis Marotto, solicitó que se libre un exhorto para que la Justicia entrerriana enviara los elementos de prueba de esa causa. Sin embargo, el juez Fernando Pino Guevara, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, lo denegó. Eso demoró inexplicablemente la investigación”, explicó a Clarín una fuente con acceso al expediente.

Tras varios pedidos, se libró un exhorto que permitió corroborar que las huellas dactilares de uno de los detenidos, identificado como Sebastián Gualtieri, coincidían con las halladas en la casa donde asesinaron a Valdez. Ese no fue el único dato clave: se determinó que una de las armas secuestradas en poder de los ladrones que dieron el golpe en Colón era la misma que habían utilizado los asaltantes que mataron al policía.

Gualtieri fue identificado como uno de los acusados en 2015, cuando ya estaba detenido por otro homicidio. Iba a comenzar a ser juzgado por el crimen de Valdez la semana próxima, pero su abogado logró que se postergara el inicio del debate con un argumento que indignó a la familia de la víctima: “Dijo que por razones laborales no tuvo la posibilidad de realizar un estudio acabado de los elementos de prueba y que no pudo localizar a dos testigos”, detalló una fuente del caso.

El pedido del abogado fue aceptado por la Justicia, que decidió postergar el juicio para 2018. En una primera instancia había sido estipulado para abril, aunque tras un reclamo de la familia se dispuso que comience en febrero.

Mientras tanto, Norma y su marido no bajan los brazos. Quieren encontrar a los presuntos cómplices del único imputado. Los investigadores apuntan a un hombre y una mujer que también participaron del robo en Colón.

Sin embargo, el Juzgado de Garantías decidió no avanzar aún sobre esa línea por considerar que no hay pruebas suficientes para vincularlos con el crimen de Valdez. La familia cree que esos elementos existen. A uno de los sospechosos lo detuvieron en el mismo procedimiento en el que hallaron el arma utilizada en el homicidio. Y a su presunta cómplice la relacionan con los celulares robados el día del crimen, que dos años después seguían funcionando con otros números.

Fuente: Clarín