Sala estaba acusada por una serie de llamados intimidatorios a la seccional 56 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, luego de que fuera detenida la hija de una integrante de su organización.

Así lo dispuso el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de la provincia, luego de escuchar los alegatos, en los que la Fiscalía y la querella habían pedido cuatro años de prisión efectiva.

Los jueces Antonio Llermanos, Mario Puig y Luis Ernesto Kamada fundamentaron la decisión en el «in dubio pro reo», es decir, en la duda de la existencia de los hechos, que beneficia siempre al imputado.

«El mensaje para (el gobernador) Gerardo Morales es que a pesar de todo lo que hicieron sus adláteres, no pudieron sostener la farsa en un juicio oral», aseguró la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta.

La letrada sostuvo durante su alegato que «este proceso fue una farsa» y apuntó a la Fiscalía: «Un fiscal pidiendo cinco prontos despachos para la fijación de fecha de audiencia de debate. ¿Cuántas veces el fiscal pidió con ese entusiasmo servil e insistente la fijación de juicio en otras causas? ¿Cuál era la relevancia que tenía esta causa para tener esta actitud. La respuesta es obvia: es Milagro Sala».

Y continuó: «Es la enemiga del poder, es la enemiga del (fiscal general de Jujuy, Sergio) Lello Sánchez, que es el jefe del fiscal (Darío) Osinaga y que a su vez responde a Morales».

Antes de la audiencia, Sala habló con la prensa y consideró que «para que Osinaga pueda zafar del juicio político» que podría iniciarle el gobernador, tenían que «condenarla a cuatro años» de prisión.

La sentencia del juicio, que comenzó el pasado 1 de diciembre, se conoció un día después de que la Corte Suprema confirmara la prisión preventiva de Sala, pero ordenara que se acate el fallo de la Corte Internamericana de Derechos Humanos y se le otorgue la domiciliaria.

Al respecto, la dirigente social dijo que esperaba que «también le dieran el mismo tratamiento» al resto de las integrantes de la Tupac Amaru que están detenidas.

La causa era por el delito de amenazas en concurso real por un diálogo telefónico que mantuvo en 2014 con el oficial Rubén Vásquez, de la Comisaría Seccional 56 de Jujuy.

En esa dependencia estaba demorada la hija de María Molina, una integrante de su organización, quien había protagonizado un enfrentamiento con una puestera de una feria, a quien acusó de robarle las bombachas de su madre para venderlas luego en su local.

Ambas mujeres fueron arrestadas en ese momento, pero sólo Molina quedó alojada en la comisaria durante varias horas, por lo que, al enterarse de lo sucedido, Sala se habría comunicado con la seccional para protestar.

Según la comisaria Ángela Silvina Cabrero, que inició la denuncia, la dirigente social amenazó con poner una bomba en el lugar.