El gobierno de la ciudad de Buenos Aires se presentó como querellante en la causa judicial que investiga los incidentes ocurridos el lunes pasado en las inmediaciones del Congreso nacional, mientras se debatía la reforma previsional, y analiza presentar una acción civil para que “paguen de su bolsillo” las personas identificadas como autoras de los daños causados en la plaza.

“Nos presentamos como querellantes en la causa que investiga el juez federal Sergio Torres para poder tener un rol activo y proponer medidas de prueba dada la magnitud y la gravedad de los hechos que ocurrieron el lunes en contra del patrimonio de la ciudad”, afirmó en diálogo con el procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

El procurador anticipó que, más allá de la sanción penal, el gobierno porteño también iniciará una demanda civil contra “aquellas personas que estén identificadas para resarcir el perjuicio que cometieron y que paguen de su bolsillo los daños que realizaron a la plaza”.

Según estimaciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, la reparación total de los daños causados en la plaza demandará 24 millones de pesos, poco menos de la mitad del monto total que se destinó a principios de año para la puesta en valor de ese espacio público, que ascendió a 59 millones.

“Es decir que en una jornada los daños equivalieron a casi la mitad de lo que costó hacer toda la plaza”, indicó Astarloa, para quien “no es justo” que los gastos de reparación “los tengan que costear los vecinos a través de los recursos del presupuesto de la ciudad”.

Durante los violentos incidentes del lunes, fuentes, canteros y bancos de la plaza fueron destruidos por los manifestantes para poder arrojar piedras contra los efectivos policiales.

“La decisión es actuar de modo enérgico para desalentar la idea que tienen algunos de que la violencia es un método natural para expresar la disidencia. No se puede confundir la protesta social válida y legítima en una sociedad democrática con actuar con violencia y destruir el patrimonio de la ciudad”, aseveró el procurador porteño.

Según Astarloa, el lunes pasado “se cometieron varios delitos” en las inmediaciones del Parlamento; entre ellos, el de “daño agravado”, que contempla una pena de entre 3 meses a 4 años de prisión; además de los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad.

“Queremos ser enérgicos y proactivos para que la Justicia prontamente pueda sancionar a los responsables en sede penal y, como querellantes, vamos a colaborar para que esto ocurra de manera rápida y ejemplar”, concluyó.