Dos artefactos explosivos fueron hallados este viernes frente al Departamento Central de la Policía Federal con un mensaje atribuido al Partido Obrero y, aunque los líderes de la fuerza negaron responsabilidad en el hecho y salieron a denunciar una «burda operación», el Gobierno insistió en que el hecho forma parte de la «violencia política» y advirtió que los autores «pagarán por sus actos».

Los artefactos de fabricación casera fueron encontrados alrededor de las 17.20 en la calle Virrey Cevallos, en cercanías a la avenida Belgrano, por un bombero de civil que sintió olor a pólvora, indicaron fuentes policiales.

En ese momento comenzó a buscar la procedencia del olor y descubrió dos paquetes sospechosos debajo de un carro de asalto de la Guardia de Infantería: tras ser detectados, personal de Bomberos de la Policía y de la División Explosivos logró realizar una detonación controlada, según el relato de la fuerza.

«Es un atentado a nuestro patrimonio y tenemos la filmación de la persona que lo coloca. Posiblemente hubo una falla, se accionó la pólvora pero no llegó a explotar. Esto no tiene que ocurrir en democracia», señaló en conferencia de prensa el jefe de la Policía Federal, Nestor Roncaglia.

En el hecho tomó intervención personal de la División Intimidación Pública de la fuerza que investiga el hecho y analiza las cámaras de seguridad de la zona para tratar de dar con la o las personas que dejaron tres tubos de gas butano con timer y un tubo de ignición en el lugar.

Junto a los explosivos encontraron carteles con mensajes atribuidos al Partido Obrero que decían: «Liberen a los argentinos presos en el Congreso o seguirían los atentados».

«Pusieron un artefacto explosivo con tres tanques de butano en Dpto Central de @PFAOficial. La violencia política es un camino que la ciudadanía repudia, contrario a una Argentina con diálogo y respeto. Los responsables de atentar contra las instituciones pagarán por sus actos», señaló Patricia Bullrich en un mensaje publicado en la red social Twitter.

La causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos con intervención del fiscal Guillermo Marijuan por «amenazas e intimidación pública», se informó oficialmente.