Humberto Monteros fue apresado junto a varios miembros de ese gremio por la Policía Bonaerense en el marco de 19 allanamientos hechos en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez, en una causa en la que se investigan delitos de asociación ilícita en concurso real con más de 30 hechos de extorsión.

El dirigente sindical, junto a varios miembros de ese gremio, fue detenido esta madrugada por la Policía Bonaerense en el marco de 19 allanamientos hechos en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez, en una causa en la que se investigan delitos de asociación ilícita en concurso real con más de 30 hechos de extorsión.

En los operativos hasta ahora fueron detenidas 10 personas, entre ellas el ex secretario general de la UOCRA local, Monteros, y el ex secretario adjunto José Bernardo Burgos.

Fuentes judiciales indicaron que Monteros fue detenido en su vivienda de Monte Hermoso a las 5 de la madrugada y allí se halló el dinero.

«También fueron detenidos otros miembros del gremio identificados como Pablo David Gutierrez, Nelson Damián Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbin, Sergio Vázquez, Anibal Aranda y David Muñoz», agregaron.

«Los operativos fueron encabezados por el jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni y se llevaron a cabo en viviendas y otros lugares como en la sede de la UOCRA y la mutual de Bahía Blanca, en Coronel Suárez, y en la vivienda de Monteros en Monte Hermoso, ubicada en la calle Río Iguazú».

La investigación se inició de oficio en octubre pasado por la Fiscalía General a cargo de Juan Pablo Fernández y se asignó al fiscal Zorzano.

Las fuentes señalaron que la causa fue caratulada como asociación ilícita y extorsión, porque «era un grupo de personas dirigidas y organizadas por los dos jefes máximos de la Uocra local, Monteros y Burgos, que dirigían a los restantes partícipes de esta asociación ilícita», con un modo de operar «en función del cual coaccionaban y extorsionaban a empresarios del ramo de la construcción».

El sistema consistía en pedir a las empresas «sumas de dinero o contratar las empresas de ellos mismos o vinculadas a familiares -con sobreprecios-, que les dejaban importantes ganancias bajo apercibimiento de paralizarle las obras o de hacerle asambleas», agregaron las fuentes consultadas.

Por su parte el fiscal General Fernández sostuvo a medios locales que «los obligaban a que contraten a empresas de servicios -como baños químicos, de viandas y de ropa de trabajo- que pertenecían a allegados a las familias de los gremialistas».

«Los jefes y organizadores eran tanto Monteros como Burgos mientras que el resto participó en varios hechos de extorsión en particular de alguna empresa donde amenazaban, extorsionaban y hasta paralizaban las obras con asambleas que imposibilitaban los trabajos», agregó Fernández.

El fiscal puso como ejemplo que «hay extorsiones como en una sola empresa que van desde los 400.000 a los 750.000 pesos» y aclaró que el monto dependía de «la importancia de la empresa o la envergadura de la obra a realizar».

Agregó que había también «extorsiones menores a quienes construían una casa o departamentos» y en esos casos exigían el pago de «dinero mensual y durante todo el plazo de la obra, en beneficio de dichos dirigentes».