El juez federal Julián Ercolini ordenó la intervención judicial de la empresa Hotesur, perteneciente a la familia Kirchner, en la causa que investiga a la ex presidenta y a sus hijos por presuntas maniobras de lavado de activos a través de hoteles para blanquear supuestas coimas con la obra pública.

La decisión fue tomada por un período inicial de seis meses y la interventora será Raquel Moyano, con facultades de «información, administración y recaudación», según se detalló en la resolución firmada ayer por el magistrado.

Además, y en otra resolución, el juez decretó la inhibición general de bienes para ocho empresas del detenido empresario Lázaro Báez, entre ellas, Austral Construcciones y Kak y Costilla SA.
En esta causa fueron indagados la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner; sus hijos, Máximo y Florencia, y el detenido empresario Báez, entre otros acusados.

La investigación gira en torno a contrataciones simuladas de plazas hoteleras por parte de la sociedad de la ex jefa del Estado nacional a empresarios beneficiados con la obra pública durante el gobierno kirchnerista, como parte de un circuito de cobro de sobornos.

Cabe señalar, Hotesur es la causa penal en la que se embargaron 4.664.000 dólares hallados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner en el banco Galicia.

Por otra parte, el juez Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de todos los imputados.

En tanto, ya estaban designados veedores informantes para Hotesur SA y otras dos sociedades, Valle Mitre SA e Idea SA. Pero ahora el magistrado entendió que, en lo referido a Hotesur, «las circunstancias han variado» y, por ello, resolvió dictar una medida más restrictiva, la intervención judicial.
Ercolini remarcó que el 20 de diciembre pasado los accionistas aceptaron la renuncia de los directores titulares y suplentes. Y manifestó que, desde entonces, el directorio se encuentra «acéfalo y vacante».

Asimismo, más allá de la intervención judicial de Hotesur, el juez inhibió a las empresas de Báez y prohibió realizar movimientos accionarios y distribuir dividendos para «evitar que las personas imputadas se desprendan de las acciones que registren a su nombre o que obtengan ganancias sospechadas de provenir de medios ilícitos». También se buscó «evitar el provecho del dinero obtenido ilegalmente».

Ercolini ya indagó a la ex presidenta de la Nación; sus hijos; Báez y una veintena de imputados. El magistrado debe ahora definir sus situaciones procesales.