Mauricio Macri ganó las elecciones en octubre, pero en menos de dos meses vio como ese capital se le esfumaba ante la furia callejera de la oposición más violenta, las profecías apocalípticas que limaban el humor social y el antagonismo de los factores de poder real. Alarmado por el frente de tormenta que se estaba armando, después de denunciar conspiraciones y ataques a la democracia optó por una estrategia más pragmática: retomar la iniciativa y contraatacar.

Los primeros resultados están a la vista. Los sindicalistas más agresivos quedaron aislados. La familia Moyano organizó una movilización de efecto nulo. Enmudecieron Hugo y su hijo más belicoso, Pablo. Están forzados a buscar un entendimiento para subsanar el desaguisado económico que generaron por meterse a empresario. Hace 10 días Alberto Abad renunció inesperadamente a la AFIP y circuló la versión de que lo hizo porque no quería negociar la deuda de OCA con el fisco. Hugo Moyano sigue mudo.

A los empresarios no les está yendo mejor. Un ministro les dijo públicamente a los industriales que terminaran de «llorar» y que se pusiesen a competir. Macri lo felicitó en privado y recordó que a los hombres de negocios que hoy se quejan los había maltratado mucho más el inefable Guillermo Moreno.

El actual presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, pidió diálogo y volver a la calma. Uno de sus antecesores en el cargo, Juan Carlos Lascurain, fue preso por negocios hechos durante el gobierno kirchnerista. A los pocos días lo soltaron, pero quedó probado que no sólo los políticos y sindicalistas van a parar detrás de las rejas cuando nadie intercede por ellos ante la Justicia. Los empresarios, también.

Al igual que ocurre con los sindicalistas, la prosperidad de muchos empresarios depende del Estado. Practican un capitalismo prebendario y sus ganancias con demasiada frecuencia están determinadas por regulaciones y decisiones de funcionarios antes que por el éxito a la hora de competir. Macri lo sabe de primera mano. Conclusión: si no se encuadran la pueden pasar peor que con los Kirchner. Ya los laboratorios medicinales están recibiendo malas noticias sobre los precios que le cobran al estado por los medicamentos que compra el PAMI.

A la Iglesia no le va mejor. Los desplantes del Papa, las declaraciones del episcopado alineado con Francisco sobre la pobreza y el aliento a los curas villeros pasaron a segundo plano. Ahora se las tienen que ver con la ola abortista. Hay algunos obispos que en privado despotrican contra el presidente, pero en público lo único que se oye es un completo silencio de radio.

La cuarta corporación, la de los políticos, está sufriendo, asimismo, las secuelas de la contraofensiva gubernamental. Macri le marca la agenda a la oposición más dura, la «progre», que se ve obligada a discutir sobre el aborto o las leyes a favor de la paridad de géneros en lugar de sobre el supuesto «ajuste neoliberal». Algo de esto último trataron de colar en la multitudinaria marcha del jueves pasado, pero con éxito nulo.

Los padecimientos del kirchnerismo y de la izquierda también alcanzan a la dirigencia peronista y hasta a la del oficialismo. El debate sobre el aborto complica tanto a peronistas como a radicales y macristas. Es llamativo que en el Senado hayan pedido que el Poder Ejecutivo convoque a una consulta popular para sacarse la responsabilidad de encima tanto el pintoresco Adolfo Rodríguez Saá como los radicales Luis Naidenoff, presidente del interbloque Cambiemos, y Angel Rozas.

Los primeros conteos dan muy parejas a las fuerzas a favor de la despenalización del aborto y la de los que quieren que nada cambie. El número de los que no fijaron posición pública es también inusualmente alto. No porque los legisladores no sepan qué votarán, sino porque demorarán todo lo posible en definirse públicamente. Las presiones irán creciendo en las próximas semanas y los que viven en pueblos o pequeñas ciudades son los que más problemas van a tener con las autoridades eclesiásticas. En el Senado, entretanto, los peronistas cruzan los dedos para que el proyecto no salga aprobado de Diputados. Los peronistas se ilusionan suponiendo que si la aprobación de la norma fracasa, el costo lo pagará Macri.