El miércoles 14, en su programada presentación ante la Cámara Baja, el jefe de gabinete Marcos Peña hizo verdaderos esfuerzos dialécticos para defender la gestión económica (y también para apuntalar al ministro de Finanzas, Luis Caputo, cuestionado por su vínculo con fondos de inversión en paraísos fiscales).

Peña aseguró que la inflación está bajando, pese a que el Indec acababa de anunciar que los precios se incrementaron 2,4 por ciento en febrero, completando así 4,6 por ciento (casi un tercio de la previsión anual) en el primer bimestre.

También afirmó que hay crecimiento. El economista Cristian Folgar explicó en un artículo los motivos de su invisibilidad: señaló que si bien es cierto que el PBI se incrementó (2,9 por ciento en 2017), «para saber si una economía crece deberíamos tener en cuenta la evolución de su PBI per cápita (…) cuánto PBI se generó por habitante». En este aspecto, agregó, «estamos por debajo del que el gobierno recibió en diciembre 2015». A este ritmo, el índice de 2015 recién se recuperaría en 2019.

Con semejantes plazos para exhibir logros económicos que se distingan, el gobierno necesita mantener la conversación ocupada en otros temas, y en estas semanas parece estar consiguiéndolo. La llamada «agenda feminista» (el reclamo de igual salario por igual trabajo, la reacción frente a la violencia que hace blanco en las mujeres y, paradójicamente, la habilitación del debate legislativo sobre el aborto) le ha permitido recuperar una iniciativa que se le venía escurriendo.

REELECCION DE MACRI

Doble propósito: puesto que el oficialismo ya está trabajando para el proyecto de reelección de Macri a fines de 2019, con la agenda destinada a la mujer siembra anticipadamente en el 50 por ciento del padrón.

El Presidente celebró el 8 de marzo declarando enfáticamente que las mujeres deben ganar lo mismo que los hombres por igual trabajo. Para los jueces varones de la Corte Suprema esa es probablemente una celebrada reivindicación, ya que allí el sueldo más alto lo acredita la única dama, Elena Highton de Nolasco. Pero esa es, claro, una excepción.

El proyecto de ley elevado por el oficialismo no impone obligaciones a los empleadores, sólo les requiere que «adhieran a un código de conducta relativo a las medidas adoptadas para garantizar el respeto a la igualdad de género en el interior de la empresa».

Los especialistas aseguran que, en verdad, en el universo de los trabajadores en blanco no hay diferencias apreciables entre sueldos de hombres y sueldos de mujeres en puestos análogos; en general los convenios describen posiciones y les asignan una remuneración, con independencia del sexo de quien las ocupe. Seguramente las diferencias se marcan más, en muchas actividades, en las oportunidades para ocupar cargos más altos o jerarquizados. Mujeres que lleguen a conducir una gran empresa (como ocurrió, por caso, con Isela Costantini en Aerolíneas Argentinas) son por ahora raros.

El fenómeno es notable inclusive en ámbitos que suelen proclamar criterios feministas: en los medios (privados y públicos), por caso, la «cuota femenina» está lejos de cumplirse equitativamente en los cargos de decisión. En el propio gabinete presidencial no se ve todavía demasiada paridad de género: Carolina Stanley y Patricia Bullrich están rodeadas por una veintena de colegas varones. El fenómeno de la inequidad salarial es, sí, más notorio en los trabajos informales: los sueldos son malos para los dos sexos, pero son peores los de las mujeres. Allí quizás la reivindicación debería ser «blanqueo y salario de convenio»: una consigna que incluye de hecho la equidad de género en la remuneración. Esta sí es una tarea en la que el Estado (particularmente, la cartera laboral) tiene mucho por hacer.

PENELOPE Y EL ABORTO

El tema que parece central en la nueva agenda del gobierno es la legalización del aborto. Aquí el gobierno teje y desteje como Penélope: abrió sorpresiva y clamoramente el debate, inmediatamente hizo saber que ni el Presidente ni sus funcionarios principales están de acuerdo con el aborto, ahora la Casa Rosada asegura que Mauricio Macri no vetaría la legalización si el parlamento la aprobara. El reciente congreso del PRO, entretanto, ofreció el interesante espectáculo de un debate interno en el que se cruzaron defensores de las dos posiciones.

Tanta danza y contradanza pretende satisfacer a tirios y troyanos, a quienes quieren aborto libre y gratuito y a quienes rechazan ese camino, aunque en una Argentina de hábitos menos corteses que los que imperan en el partido del Presidente, corre el riesgo de generar reacciones a ambos lados de la frontera.

Mientras recupera terreno con estos asuntos, el gobierno celebra que el mundo sindical se vaya amoldando aparentemente a sus deseos: ha conseguido que algunos sindicatos firmen convenios por un 15 por ciento sin cláusula gatillo (aunque con el compromiso de revisión si la inflación supera ese límite).

El gobierno ha agregado ahora a su fixture de peleas mediáticas a los industriales. El ministro de la producción, con la venia y el halago del Presidente, calificó a los empresarios de llorones y los exhortó a que inviertan en lugar de quejarse de la competencia externa. Varios analistas sostienen que de ese modo el oficialismo pretende limpiar ante la opinión pública su imagen de «gobierno de ricos» y exhibir su disposición a castigar no sólo a los sindicalistas que le hagan frente, sino también a los hombres de negocios más remisos.

El gobierno culpa a los empresarios nacionales porque no se cumplió su pronóstico inicial, que anunciaba una inundación de capitales cuando quedara claro que había un gobierno no peronista en operaciones. Los capitales demoran su arribo, llegan aún con cuentagotas. Y los empresarios argentinos se quejan de que la caída del consumo, el atraso del dólar y la apertura comercial los ha dejado con una alta proporción de su capacidad instalada inactiva.

A principios de la semana, una diplomática reunión en la Casa Rosada entre las autoridades de UIA y el jefe de gabinete buscó atravesar en paz la breve tormenta. Los empresarios se notificaron del deseo del gobierno: que ellos moderen sus críticas, se conviertan en un sostén público de la política económica y no aflojen en las negociaciones paritarias. Ellos, a su vez, solicitaron que el gobierno aplique su política aperturista sin ingenuidad, imitando en ese sentido el aperturismo sembrado de puertas entornadas que practican los países centrales.

EL PERONISMO SE DESPEREZA

Así como el gobierno ha lanzado ya su cruzada reeleccionista para 2019, el peronismo empieza a agruparse para enfrentar ese desafío. Hasta mediados del año último prevalecía en las filas justicialistas una prospectiva pesimista: después de la derrota de 2015 habría que trabajar con la mirada puesta recién en 2023, porque la presidencia de Mauricio Macri mostraba vigor y el peronismo todavía no había conseguido encauzar su crisis interna ni superar con claridad el peso negativo que seguía ejerciendo la figura de Cristina de Kirchner.

Ese escenario se ha modificado. De un lado, las dificultades oficiales (tarifas, inflación, cambios en la actualización de jubilaciones más los tropezones en temas de transparencia: casos Díaz Gilligan, Triaca, Caputo, Arribas, Etchevehere) determinaron un debilitamiento relativo de la imagen presidencial; de otro, la señora de Kirchner, cercada por causas judiciales, pareció replegarse defensivamente y resignarse una participación no protagónica, mientras el cristinismo perdía peso específico y se veía atraído (y, en general, admitido) por las tendencias centrales del peronismo.

Ante ese nuevo paisaje, los peronistas se entusiasmaron con la idea de que podrían encontrarse en condiciones competitivas cuatro años antes del lejano 2023. Así, empezaron a sucederse (y superponerse) reuniones destinadas a imaginar una estrategia para 2019.

La hipótesis de un peronismo partidariamente unido estaría descartada por el momento. Más bien tiende a trabajarse con la idea de un «panperonismo» abierto, con al menos un núcleo representativo de una oposición intransigente, y otro (con eje en los gobernadores y en figuras como el senador Miguel Pichetto), también opositor pero subrayando la distancia con el kirchnerismo residual y predispuesto a cierta colaboración con el oficialismo.

Ambas expresiones peronistas actuarían de conjunto para contener desbordes de poder de la Casa Rosada (por caso, los decretos de necesidad y urgencia con los que Macri pretende eludir la debilidad parlamentaria a la que lo condenaron las urnas). Esas diferentes expresiones del peronismo trabajarían sobre distintas franjas del electorado con un objetivo común, evitar la chance (hoy improbable, de acuerdo a los antecedentes) de que el gobierno pueda imponerse en primera vuelta.Una posibilidad es que, cada una con una fórmula diferente, terminen definiendo primacías en una elección primaria.

Pero esto pertenece aún al largo plazo. Las chances del gobierno y las del peronismo están principalmente determinadas por la suerte que corra la economía en los próximos meses.

Parece claro que, así como el oficialismo, superada la mitad de su gestión, ya no puede excusar sus dificultades culpando a la herencia recibida, el peronismo no podrá gestar una alternativa basándose en el rechazo sistemático a las reformas de Macri, ni apelando a las fórmulas anacrónicas de aislamiento económico que auspician los Kicillof o los Moreno.