Definida la estrategia de impulsar la reforma laboral por capítulos, Mauricio Macri dio la orden de volver a la carga con el proyecto oficial, cuyo tratamiento se empantanó en diciembre en el Senado por la falta de un acuerdo con el PJ y con el sector de la CGT que comulga con Hugo Moyano.

El gobierno volverá a la carga con la reforma laboral y su plan será aprobar antes del primer semestre los puntos en los que domina un consenso con los bloques legislativos y con la CGT, en la que ya no tiene más injerencia el jefe camionero. En la primera tanda, que sería tal vez después del debate sobre el aborto, se avanzaría sin problemas con el blanqueo de trabajadores informales, la ampliación de licencias por paternidad y las pasantías como capacitación laboral.

Llegaría después la pulseada por las modificaciones que generan más resistencia, como el cálculo de las indemnizaciones, la posible creación de un fondo de desempleo en determinados sectores y la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, que ya fue incluida en la reforma tributaria sancionada al cierre de 2017.

Ese debate se daría en junio, según afirmaron dirigentes sindicales con buena llegada al oficialismo y fuentes legislativas de Cambiemos. La fecha no sería casual: durante ese mes comienza el Mundial de fútbol, un punto en el calendario que nada tiene que ver con los gremios, pero que se vislumbra ya como una suerte de bisagra en la trastienda política.

En la Casa Rosada se entusiasman con un «efecto dominó»: si avanzan con blanqueo laboral, licencias y pasantías, difícilmente se frenen los otros puntos. La expectativa crece a partir de un acuerdo, hasta ahora retórico, que se dio entre los principales dirigentes de la CGT y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para aprobar el blanqueo laboral durante el primer semestre.

El plan oficial de blanqueo prevé eximir por ley del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores y en el que el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad. También se les reconocerán el escalafón y la antigüedad. En el país hay actualmente 4,5 millones de asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con obra social ni derechos laborales.

Con las reformas tributarias y previsionales en marcha tras un agitado fin de año legislativo, Macri ubicó ahora la laboral entre una de sus prioridades. Busca dar mayor previsibilidad al mercado y precisar los costos.