La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy al Consejo de la Magistratura investigar cómo se conformó la sala de la Cámara Federal que liberó al empresario Cristóbal López y a su socio Fabián de Sousa, informaron fuentes judiciales.

El máximo tribunal envió un oficio al presidente del Consejo de la Magistratura, «a fin de solicitarle que arbitre los medios que tiene a su alcance a los efectos de iniciar una investigación acerca del procedimiento de integración de los magistrados de la Sala I» de la Cámara Federal porteña.

Los cinco jueces de la Corte Suprema firmaron el oficio de una carilla en el que, además, le remarcaron al presidente del consejo que investigue si existió «alguna irregularidad en esa conformación».

La Corte emitió el oficio luego de que, ayer, la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) solicitara que el Consejo de la Magistratura investigue si hubo «intereses económicos involucrados» en el fallo que devolvió la libertad a los dueños del Grupo Indalo.

La sala de la Cámara Federal que intervino en el caso fue la que integran Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, quienes debieron convocar a un tercer juez para desempatar porque no se habían puesto de acuerdo en distintos aspectos del fallo.

El juez Ballestero sostuvo que era preciso cambiar la calificación de la causa de «administración fraudulenta» a «retención indebida de tributo» y dejar en libertad a López y a De Sousa, mientras que Bruglia se manifestó en dirección contraria.

El desempate quedó en manos del camarista Eduardo Farah que, según fuentes judiciales, fue convocado porque ya había intervenido en una de las causas contra López que tendría alguna vinculación con el expediente en el que se investiga la deuda de Oil Combustibles (del Grupo Indalo) con AFIP.

El oficio de la Corte estuvo firmado por el titular de la Corte, Ricardo Luis Lorenzetti, y por el resto de los jueces que la integran Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

El fallo de la sala I se produjo en la causa contra los dos empresarios acusados de retener 8.000 millones de pesos de impuesto al combustible cobrado por la petrolera Oil Combustibles (del Grupo Indalo) y, con ese dinero, financiar el crecimiento de otras empresas del grupo durante el kirchnerismo.

En el mismo expediente se encuentra procesado, aunque nunca fue detenido, el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray.