El peronismo suele justificar los triunfos de Macri alegando que todo se lo facilita el hecho de que Cristina Kirchner, uno de los dirigentes con peor imagen pública, sea su contradictora. Pero ahora deberá aplicar ese silogismo no sólo en el campo electoral, sino también en la lucha cuerpo a cuerpo por el poder que el presidente está librando por estos días contra el sector más visible de la Justicia, el fuero federal.

El Judicial es el poder del Estado con peor imagen. Tan así es que compite en el ránking de los malos con el sindicalismo. Bajo esas circunstancias favoreció involuntaria e increíblemente al gobierno con un regalo como el de liberar en plena confrontación al empresario «K» Cristóbal López, además de cambiarle la carátula de la causa por la que había sido enviado tras las rejas acusado de estafar al fisco en miles de millones de pesos. Se agregaron las liberaciones del ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el piquetero Luis D’Elía dispuestas a las 4 de la madrugada por dos juezas, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8. En este caso ambos no están acusados por corrupción sino por presunto encubrimiento de los acusados iraníes de atentar contra la AMIA.

No son episodios aislados, sino otras de las escaramuzas entre el gobierno de Cambiemos y una corporación judicial que obviamente no quiere ni oir hablar de cambio y se alarma cada vez más porque lo que creyó que sería una llovizna pasajera está empezando a convertirse en un chaparrón con rachas de granizo.

La más importante aunque menos ruidosa de esas peleas fue por el desplazamiento del tribunal oral que debe juzgar a Cristina Kirchner en la megacausa de corrupción. Estaba todo dispuesto para que el Tribunal Oral 9 de la capital interviniera en la investigación de las andanzas de CFK y Lázaro Báez, cuando una acordada de la Corte derrumbó tal posibilidad. La intervención de magistrados ajenos a Comodoro Py para juzgar la corrupción de los políticos era una estrategia de Macri para sacar del juego al fuero federal. Los tres jueces peronistas de la Corte, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, se opusieron a la idea. Macri se enfureció en privado.

En este contexto dos camaristas, Farah y Ballesteros, resolvieron liberar a López y beneficiarlo con un cambio de carátula que atenúa su responsabilidad penal. En este caso el enojo del presidente fue público.

Desde una posición incómoda la Corte optó por una respuesta sin precedentes: le pidió al Consejo de la Magistratura que investigara cómo fue integrada la Cámara que liberó a López. En otras palabras, se sacó de encima el problema y se lo trasladó al organismo político encargado de controlar a la Justicia.

De todas maneras no cuestionó el fallo que había «indignado» al presidente; sólo pidió averiguar si hubo «irregularidades» en la integración del tribunal. Un paso para adelante y otro para atrás.
Los cortocircuitos con los jueces federales tampoco terminaron ahí. El juez Rodríguez que investiga la megaestafa «K» del yacimiento de Río Turbio por la que está preso Julio De Vido apartó al fiscal Stornelli por pedido de uno de los encartados, el señor Baratta, al que jocosamente algunos llaman la mano energética del ex superministro.

La razón del apartamiento fue una supuesta «falta de objetividad». Según trascendió, Stornelli apeló el viernes para que el diferendo lo resuelva la cámara que en su momento ordenó a Rodríguez poner preso a De Vido, algo que el juez le había negado. ¿De quién será la falta de objetividad? Este peloteo entre Rodríguez y Stornelli va camino al «tie break».

Como la partida se juega en varios tableros Macri contraatacó proponiendo a Inés Weinberg de Roca como candidata a procuradora general. No pertenece a la «corpo» como diría los camporistas y se supone que hará marcar el paso a los fiscales que deben investigar los delitos de la década «ganada».

Este nombramiento dejó fuera de juego a los vendedores de influencia en Comodoro Py que asesoran al presidente y fortaleció a los confrontativos como la diputada Elisa Carrió.
La gran duda es cómo le irá a Weinberg de Roca en el Senado, poder que debe darle acuerdo y es mayoritariamente peronista. Allí opera un sector muy conectado a la Justicia, el que lidera Miguel Pichetto, cuyo voto será decisivo para que la nueva procuradora pueda asumir su cargo.

El miércoles la noticia de que el presidente ya tenía candidata a la Procuración cayó como un baldazo de agua fría en el Senado. Al día siguiente Pichetto reseteó su postura y dijo públicamente que su sector no tenía candidato para el ese puesto clave cuando las investigaciones las hagan los fiscales en lugar de los jueces.