No hay un sólo modelo en danza de lo que pretende el Gobierno para el Indec y las estadísticas públicas, hasta hace muy poco tiempo intervenidas por la política. Hay dos, uno del propio organismo público y otro de la Jefatura de Hacienda. Ambos esperan la venia oficial de la oficina que conduce Marcos Peña, para ser enviados y discutidos en el Congreso.

El proyecto de Hacienda, tal como lo contó Ambito Financiero hoy, impulsa una disolución del Indec. Pero además, según estimó el diario que mostró una copia del documento, tiende a centralizar la decisiones bajo la órbita política del Gobierno, mientras que la producción de la metodología queda en manos del equipo económico que maneja Nicolás Dujovne.

En Hacienda estimaron que la disolución es simplemente una formalidad legal, ya que se le cambia el nombre y se modifica el lugar del organismo en la estructura del Estado. Se trata de una copia del modelo inglés, que plantea un organismo «más autónomo» -dicen- en la recolección de datos, pero coordinado por un Consejo superior en el que tendrían lugar el Ejecutivo y la sociedad civil. La duda habitual con estos organismos tiene que ver con cuántos votos tiene la política y el oficialismo, siempre en una tensa relación con los datos.

«Hoy ya el Indec depende de Hacienda. La idea es que ese consejo superior arme el plan de estadísticas, llame a concursos para los diferentes cargos y se encargue de coordinar con otros organismos del Estado que también producen datos», contaron a LA NACION desde la cartera que conduce Dujovne. También sostuvieron que los proyectos deben pasar todavía por el Congreso. Aún no hay fecha para que el Poder Ejecutivo los envíe, estimaron. Según cuentan en Hacienda, se esperaba un consenso entre ambos proyectos.

El proyecto del Indec es más conocido. La elaboración estuvo a cargo del organismo estadístico mismo, según dijo alguna vez Jorge Todesca. ¿Qué contemplará? En principio, la autarquía económica. No está definido aún si seguirá, en tanto, en la órbita del Ministerio de Hacienda. El proyecto, según Todesca, está aún en estado de «draft» (borrador) y surgió de discusiones en Hacienda y en Jefatura de Gabinete. También aportaron «sugerencias» especialistas del FMI y la OCDE. La ley que se usó como ejemplo fue la que rige en México.

Habría un órgano de gobierno ejecutivo, cuyos miembros serían seleccionados con una metodología similar a la de los del Banco Central: propuesta del Ejecutivo con aval del Senado. La duración del mandato sería de cinco años. Se sumaría, además, un consejo consultivo amplio, con miembros del Gobierno y las provincias, y para casos de programas puntuales, habría un consejo académico.

Uno de los cambios importantes, según dijeron meses atrás en el Indec, será la propuesta de que el organismo pueda utilizar los datos registrales, como por ejemplo los de la AFIP, sin vulnerar el secreto fiscal en este caso. También se establecerían los concursos como modo de selección en algunos niveles.