El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil se comprometió a redoblar la «presión» sobre Venezuela, donde acaba de ser reelecto el presidente Nicolás Maduro, responsable de implantar un «régimen» prácticamente «dictatorial».

«Vamos a continuar presionando e instando a Venezuela para que sea restaurada la democracia», afirmó ayer el embajador Paulo Estivallet de Mesquita.

El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería se manifestó en duros términos sobre las elecciones del domingo pasado en las que fue reelecto Maduro.

«Una elección donde el (Poder) Ejecutivo controla todas las cartas, en la que hay políticos presos, en la que hay partidos de oposición proscriptos y donde no hay libertad de opinión no es una elección democrática», planteó.

Las relaciones entre Brasilia y Caracas están suspendidas desde que asumió el presidente Michel Temer en 2016. En aquel año Nicolás Maduro acusó a Temer de haber perpetrado un «golpe» contra la ex mandataria, Dilma Rousseff, que fue separada de su cargo en un juicio político realizado por el Senado brasileño.

Esta semana Brasil firmó una declaración junto al Grupo de Lima, creado en agosto del año pasado e integrado por países latinoamericanos, en la que se desconoció el triunfo de Maduro, cuyo nuevo mandato se prolongará hasta 2025.

El representante de la Cancillería comentó ayer la relación de Caracas con sus vecinos latinoamericanos.

«La inmensa mayoría de la región llama al régimen por lo que es, un régimen autoritario sino una dictadura», puntualizó el representante del Palacio Itamaraty.

«Hoy Venezuela es un país prácticamente aislado en nuestra región, donde los países asumieron un compromiso con la democracia», abundó.

La estrategia diplomática brasileña se bifurca en dos líneas: trabajar junto al Grupo de Lima y presionar a Caracas en la Organización de Estados Americanos. El objetivo es lograr una negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición, para establecer los términos de una salida a la crisis.

Pero Brasil no es el único interesado en aumentar la presión. Ayer el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, avisó al gobierno de Maduro de una respuesta «recíproca» a la expulsión de los dos diplomáticos estadounidenses de mayor rango en Venezuela y aseguró que su reacción podría ser incluso más amplia, aunque no ofreció detalles.

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NO GRATAS­

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La respuesta de Pompeo es la más dura que, hasta ahora, ha ofrecido Estados Unidos a la orden que dio el martes Maduro para que, en 48 horas, abandonen el país el encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, Todd Robinson, y su número dos, Brian Naranjo, jefe de la sección política de la embajada, tras ser declarados personas no gratas.

El secretario de Estado, que expuso ayer ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, anunció que su gobierno tiene intenciones de convocar a los socios regionales para ayudar a que Venezuela «regrese a la democracia».

Y mientras el gobierno de Chile confirmaba que no designará un embajador en ese país como señal de protesta por las cuestionadas elecciones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaba la suspensión inmediata de sus préstamos a Venezuela por incumplir unos pagos atrasados de 88,3 millones de dólares, lo que cierra el acceso a una fuente de financiación clave en la región y refleja la difícil situación económica de Caracas.

En medio de este incremento de presiones, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció que los siete directivos de Banesco Banco Universal que permanecían detenidos desde el pasado 3 de mayo fueron puestos en libertad con medidas restrictivas, cuatro días después de que fueran liberadas otras cuatro ejecutivas.