El diputado nacional Julio Solanas (FpV-Entre Ríos) acompañará con su voto el «régimen de integración socio-urbano y regularización dominial» que la Cámara de Diputados de la Nación tratará este miércoles pero expresó sus objeciones a este proyecto que apunta a expropiar tierras y urbanizar más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país. Al respecto, apuntó que la iniciativa «carece de herramientas y presupuesto para llevar certezas a las familias» y también «le falta una mirada federal».

Solanas valoró esta iniciativa que pretende expropiar tierras y urbanizar más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país pero también planteó varias objeciones a la iniciativa. «Comparto la intención de la ley y el bloque la va a acompañar pero con disidencias parciales, porque es casi imposible que esta ley funcione si las reglas las toma solamente la Nación», advirtió el legislador.

«Apoyo decididamente que esto le permita a miles de argentinos la posibilidad de tener su título de propiedad pero al proyecto le falta una mirada más federal. Por eso pedimos la posibilidad de que sean contemplados los municipios con todos sus catastros», señaló.

Al respecto, sostuvo que «esto se trata de justicia urbana, que tiene que ver también con la justicia social. Esto implica no solamente tener el terreno sino también los servicios esenciales como energía, agua, cloacas» y alertó que «los municipios son los que fundamentalmente viven con esta situación, que muchas veces se intenta solucionar, pero no llegan al cometido final porque en un terreno de 10×30 no sólo vive una familia sino dos o tres, y esa situación del posible dominio de una familia sobre otra es absolutamente compleja».

Además, expresó que «muchos asentamientos están en terrenos nacionales y esta ley debería prever la posibilidad del traspaso en forma definitiva de estos terrenos a las provincias o los municipios para que arbitren los medios para regularizar dominialmente a las familias que los ocupan».

En ese sentido, destacó que «este proyecto es una muy buena intención pero tiene que jugar un rol fundamental el federalismo, con los intendentes y los gobernadores». Algunos barrios de la provincia de Entre Ríos están a la vera de los arroyos y es casi imposible llevar los necesarios servicios en función de la calidad de vida de las familias que allí viven», apuntó.

También advirtió que «la ley no tiene presupuesto» ya que «se habla de un fideicomiso pero no dice en ningún lado cuánto dinero está asignado para sostener esta ley».

En cuanto a la conformación del fideicomiso, Solanas reflexionó: «Se sostiene que habrá fondos provistos por el Tesoro Nacional y otros aportes de organismos internacionales, entonces la pregunta es si la Nación tomará nuevamente créditos para el financiamiento de esta ley. En el proyecto no dice cuánto va a salir esta ley ni dice que en el Presupuesto 2019 estará contemplada esta ley para comprar los terrenos que se deberían comprar. Esto es sumamente importante porque Argentina se ha endeudado monstruosamente en dos años y medio y esta es una preocupación real».

«Valoro profundamente a los movimientos sociales y a los hombres y mujeres que han trabajado en este proyecto a lo largo y lo ancho de la Argentina, pero es casi imposible materializarlo si no está presupuestado lo que se quiere materializar. Esto puede ser embromado para las familias que están esperanzadas con esto, y no queremos ser partícipes de una nueva frustración de los más humildes de la Patria», concluyó.

El proyecto
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda, Legislación General y Presupuesto, donde Cambiemos sumó el apoyo del interbloque Argentina Federal, el Frente Renovador y el Movimiento Evita. Incluso del frente para la Victoria-PJ, aunque con disidencias.

El «régimen de integración socio-urbano y regularización dominial» apunta a expropiar tierras y urbanizar más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país. Sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) y cuya propiedad no sea del Estado Nacional.

El sujeto expropiante será la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que junto al Ministerio de Desarrollo Social deberá celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir los bienes inmuebles que estén bajo su titularidad.

La redacción original establecía que en caso de falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo Nacional estaría facultado a proceder a la expropiación abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Sin embargo, ese artículo se modificó en comisiones, de manera que nada pueda hacerse sin el acuerdo de las tres partes.

Todos los gastos que se deriven de los convenios «serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes». Pero además, se autoriza al PEN a crear un fideicomiso «con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la ley».

Durante el debate en comisiones, también se incorporaron cambios sobre las funciones y atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social y se estableció que se firmen «convenios específicos» para llevar adelante las regulaciones dominiales, respetando la legislación local.

Otra de las modificaciones es la que contempla la posibilidad de «promover acciones coordinadas con los organismos y Ministerios competentes» y «colaborar con las autoridades locales» cuando «sea imprescindible» relocalizar a las familias debido a que ese lugar no pueda ser habitado, por ejemplo, por contaminación ambiental.