La Cámara Nacional Electoral falló que la Cámara de Diputados debe modificar su integración actual porque están subrepresentadas algunas de las provincias que crecieron en habitantes en los últimos años.

Los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via hicieron lugar a un planteo de un elector de Córdoba, una de las provincias que tiene menos diputados de los que corresponde. En la lista también están Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe. A través de este fallo inédito, la Cámara Nacional Electoral (CNE) reclamó la actualización del reparto de las 257 bancas actuales de la cámara baja. Sin dar directrices específicas, los camaristas exigieron a las autoridades del Parlamento la reconfiguración de las representaciones.

Actualmente la Cámara está conformada según el censo de 1980. Según los magistrados, no contempla «las variaciones demográficas acaecidas en el país durante casi 40 años».

Más allá de la adecuación que debe realizarse, en la sentencia dicen que el número de diputados no necesariamente habría de variar en mucho ya que la constitucional, el Congreso contempla que podría elevar la base de cálculo.

Según la sentencia, los cambios deberán respetar el Artículo 45 de la Constitución, que establece que luego de cada censo nacional, se debe readaptar la fórmula de representatividad en función de la población que tiene cada distrito.

En su fallo, los dos jueces señalaron que la Cámara baja es la rama del Congreso que los constituyentes organizaron para que fuese «el mapa político del país» o el «espejo de la Nación», donde se reflejan todos los matices de la opinión pública, con la variedad heterogénea que la caracteriza. Por esto, «tomaron como principio de representación en ella, la población, la colectividad compleja de los habitantes de las provincias y de la capital. Buscaban, pues, establecer una vinculación íntima y permanente entre representados y representantes, para que estos pudieran ser algo así como la Nación misma personificada en ellos», replicó Ámbito.

Desde la CNE aclararon que bajo este principio, los jueces explicaron que «cuanto más exacta sea la relación entre la población de la República y el número de sus diputados, más fielmente se respetará el sabio plan de organización del Poder Legislativo adoptado por la Constitución argentina».