Sólo el 2 por ciento de los acusados de corrupción son condenados

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Si 100 políticos argentinos fueron acusados por corrupción en los últimos 20 años, solo dos de esos 100 fueron condenados culpables. La gran mayoría se benefició por obstáculos administrativos de la Justicia y solo tres de esos funcionarios fueron absueltos en el juicio.

La información se desprende de una auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura de la Nación que analizó 579 causas de corrupción concluidas que fueron a juicio durante los últimos 20 años, sobre el trabajo de seis tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires.

Sólo el 32 por ciento de los juicios por corrupción ocurridos en el periodo 1996-2016 terminó con funcionarios condenados culpables, mientras que el 34 por ciento de los involucrados fueron absueltos por los tribunales, según la información analizada por La Nación.

Otro dato llama la atención: el 32 por ciento de esos funcionarios que fueron absueltos se beneficiaron por prescripciones. Es decir, por demoras en la investigación de la Justicia.

El camino para hacer justicia sobre casos de corrupción se hizo cada vez más angosto en los últimos 20 años: sobre 100 funcionarios involucrados solo ocho llegaron a juicio oral y de esos ocho solo seis tuvieron sentencia, ya sea una condena o una absolución.

El Tribunal Oral Federal N°4 fue el que más causas registró con 180 expedientes. También fue el tribunal que más absoluciones dictó con el 38 por ciento de los acusados sobreseídos, según los datos de la auditoría del Consejo. Casi la mitad de esos casos fueron por la prescripción de la investigación.

En el otro extremo, el Tribunal Oral Federal N°6 fue el que más sentencias condenatorias dictó sobre el 52 por ciento de los expedientes. Aunque como ocurre en la mayoría de los casos esas sentencias difícilmente se concretaron porque son condenas sin cumplimiento efectivo.

En mayo último se había conocido otro tramo de la misma auditoría según el cual la mayoría de las causas de corrupción (88 por ciento) no llegan siquiera a la instancia del procesamiento de los encausados.

Fuente (La Nación)