El número dos de Marcos Peña, Mario Quintana, vendió las acciones de Farmacity luego de duros cuestionamientos por su supuesta injerencia en la compañía y denuncias de la oposición por conflictos de intereres.

Desde Casa Rosada informaron que el secretario de Coordinación Interministerial de Jefatura de Gabinete,  «vendió la totalidad de las acciones que poseía en Farmacity, tanto en forma directa como indirecta» el pasado 15 de agosto. «Las acciones fueron adquiridas en su totalidad por los otros accionistas de la empresa»

Las fuentes resaltaron que Quintana «cumplió el compromiso público que había asumido» meses atrás, cuando una investigación del programa de Jorge Lanata Periodismo para Todos apuntó que todavía tenía el control de la compañía.

Lanata aseguraba que Quintana controlaba más del 50% de las decisiones en el directorio de la cedena de farmacias y en su defensa el funcionario decía que se había desprendido de todo.

«A partir del día que asumí no tomé ninguna decisión ni tuve ninguna influencia en Farmacity», sostuvo.

La justicia había abierto una investigación para determinar si la red de farmacias había sido beneficiada como proveedora del organismo público que brinda servicios de salud a los jubilados.

El requerimiento de la apertura de una causa fue realizado por el fiscal federal Ramiro González ante el juez Ariel Lijo.

De acuerdo al auto presentado por el fiscal, según el denunciante, Quintana «tendría participación en las empresas Partner, poseedora del porcentaje mayoritario de Farmacity, y Pegasus, extremos que el funcionario no habría incluido en su declaración jurada».

González pidió al juez Lijo que se requiera a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas presentadas por Quintana desde 2015 e indique si hay investigaciones administrativas respecto del funcionario.

También pidió, entre otras medidas, que la Inspección General de Justicia informe sobre la composición del directorio de Farmacity, Partner y Pegasus y que el Ministerio de Modernización indique si esas empresas son proveedoras del Estado, particularmente del PAMI.

En mayo, cuando Lanata apuntó a un supuesto conflicto de intereses, Quintana aseguró a medios locales que, como funcionario público, «jamás» tomó ninguna decisión ni ejerció influencia en favor de Farmacity y sostuvo que «no hay ninguna incompatibilidad».

Farmacity emplea a unas 6.000 personas y cuenta con 305 sucursales, de las cuales 241 son farmacias y el resto otros formatos comerciales.