Mediante esa disposición administrativa, la Secretaría de Energía de la Nación busca compensar a las empresas productoras de energía por la “marcada variación del tipo de cambio” entre abril y septiembre de este año.

En un comunicado, Adpra expresó que “los Defensores y Defensoras del Pueblo consideran que esta decisión fue arbitraria e inconstitucional porque viola los principios de la Corte de no confiscatoriedad, proporcionabilidad, previsibilidad y gradualidad. Además, se viola el artículo 17 de la Constitución Nacional y los derechos de los consumidores, configurando en términos de la denuncia del fiscal Guillermo Marijuan abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público”.

Fuente (APFDigital)