Durante gran parte de su existencia, los presos más peligrosos de Entre Ríos habitaron esta gran edificación amurallada de dos manzanas, entre calles Eva Perón, Montevideo, Tala y Goldaracena. Supo llevar el título de máxima seguridad, pero por la erosión del tiempo y la desidia gubernamental, quedó reducida a ser una más de las nueve unidades penitenciarias que actualmente hay en la provincia.

Sus gruesos y altos murallones guardan mucha historia y muchos secretos, porque una vez que se cierra el portón de ingreso son muy pocos los que realmente saben qué cosas ocurren dentro. Incluso, este oscuro edificio sirvió como lugar de detención de los presos políticos durante la dictadura militar antes de ser trasladados a centros clandestinos.

Antiguamente, en Entre Ríos, nunca existió la superpoblación carcelaria, y hasta el día de hoy hay cierto resquemor al tratar este tema porque ningún gobierno quiere que se hable de esto, porque básicamente no se pretende invertir en cárceles cuando existen otras necesidades y mientras tanto se esconde el problema debajo de la alfombra, o mejor dicho, se lo patea para más adelante.

Para el Servicio Penitenciario de Entre Ríos hubo dos quiebres a lo largo de los últimos 50 años que cambiaron los índices poblacionales y obligaron a los distintos gobiernos a tomar medidas. El primero fue cuando se dispuso que los presos por causas que se tramitan en la Justicia Federal fueran alojados en las cárceles provinciales. Esto demandó la construcción de la Unidad Penal 8 de Federal, que llegó a suplir el déficit de infraestructura.

La segunda es la más reciente. El 5 de febrero de 2013 entró en vigencia la reforma del Código Procesal Penal, que aceleró los procesos judiciales y originó una mayor cantidad de condenas. Como respuesta a esto se habilitó la Colonia Penal El Potrero (UP9), que modificó el proyecto originario de estar destinada a quienes estaban más cerca de la libertad y hoy son más de 200 presos los que habitan este espacio sobre la Ruta 136.

La Unidad Penal 2 «Francisco Ramírez» es obsoleta. Su función la cumple, pero salta a la vista la decadencia de esta mole de cemento y piedra. Sus grandes torres están desalojadas porque algunos de sus pisos no están en condiciones de ser habitados. En estos pabellones sólo se permitió alojamiento en el primero y tercer piso, mientras que el resto está vacío.

Actualmente viven 211 internos, alojados en 19 pabellones. Estos pabellones, que están habitados entre 12 a 20 personas, fueron resultado de subdivisiones de sectores para responder a las necesidades propias del lugar y para mejorar la convivencia entre los reclusos.

El grueso de la población tiene entre 20 y 35 años; y según informó el director del penal, Cesar Villalba, durante la recorrida que realizaron miembros de la Asociación Civil por Verdad y Justicia (Aciverjus), el 45% son presos federales y del total de internos, la mitad trabaja en los distintos talleres que dispone el Servicio Penitenciario.