El período analizado se dio entre el 25 de Junio y el 25 de septiembre de 2018, desde el escenario económico se produjo «una profundización del ajuste vía devaluación de la moneda, aumento exponencial de la inflación y caída de la actividad económica en general», indica el estudio.

Las 345 acciones colectivas del período suponen «un aumento de un aproximado del 30% respecto de las 276 acciones colectivas registradas por medios de comunicación en el periodo registrado entre el 8 de marzo y el 26 de junio de 2018».

«Uno de los actores que se destaca durante este periodo fue la Comunidad educativa, quien protagonizó una cantidad de 85 conflictos a nivel nacional y local. Los mismos fueron de diferente magnitud, y vinculados a diferentes demandas específicas, entre las cuales aparecen los reclamos salariales, pero también los vinculados a las cuestiones edilicias y de infraestructura, las movilizaciones que acompañaron la protesta por la muerte de Sandra y Rubén en el distrito de Moreno, entre otras».

Para los especialistas, el Gobierno interpreta los paros y movilizaciones como acciones «que no sirven para nada, ya que lo que realmente se debiera discutir es cómo afrontar los desafíos de los cambios tecnológicos para el trabajo. Particularmente, respecto del paro activo del 24 de septiembre y del paro general del 25 del mismo mes, manifiestan que no es el momento oportuno, ya que éstas son acciones de última instancia y el gobierno siempre ha estado y está dispuesto a dialogar».

El informe da cuenta de que si bien «la potencia de la resistencia de la sociedad civil» se evidencia en el aumento de la cantidad de protestas, esto no se traduce en una «capacidad disruptiva» ya que el Gobierno no parece «mostrarse poroso a las demandas». Por lo tanto, «el bien la conflictividad social aumentó», no significa un «escenario de ingobernabilidad».