Con el trasfondo de una movilización realizada por diversas agrupaciones sociales y políticas frente al Palacio Municipal y al edificio del Concejo, el Legislativo local sancionó una ordenanza que declaró a la ciudad de Santa Fe en emergencia social y alimentaria. La medida durará dos años, encomienda al Ejecutivo a disponer de todos los recursos «principalmente económicos y técnicos» para garantizar el derecho de alimentación a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años; crea una Mesa de Diálogo Social y Económico y un programa de empleo local para «reactivar la economía popular» en los barrios.

El despacho surgió de dos proyectos que se unificaron: uno elaborado por la Ctep (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), y otro que había ingresado semanas atrás el edil Ignacio Martínez Kerz (bloque PJ – Santa Fe). Finalmente, y tras un texto consensuado hasta último momento, la declaración salió aprobada por unanimidad.

La norma tiene tres ejes centrales: el primero, garantizar el derecho primario a la alimentación. Se establece así que la Municipalidad local adopte «medidas urgentes» para garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad. Podrá disponer de reasignaciones presupuestarias, previa autorización del Concejo.

El Gobierno local «deberá adoptar medidas, tanto por sí mismo como mediante la asistencia y la cooperación de organismos provinciales, nacionales e internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores vulnerables», en especial de niños, niñas y adolescentes.

La emergencia implicará que la actual administración municipal realice gestiones ante autoridades nacionales y provinciales para «reforzar la asistencia económica y alimentaria en las escuelas y ONG’s donde funcionen comedores comunitarios o merenderos, hasta cubrir totalmente la demanda requerida». Y también, desplegar operativos con equipos interdisciplinarios para el relevamiento territorial y «la urgente atención de las situaciones de vulnerabilidades socioeconómicas más extremas».

Mesa de diálogo y plan de empleo

El segundo eje es la creación de una Mesa de Diálogo Social y Económico, intersectorial, con representación del Concejo, del Ejecutivo, de áreas nacionales provinciales; representantes religiosos de las universidades con sede en la ciudad, de los gremios y de organizaciones sociales (que deberán inscribirse en un registro especial también creado por esta ordenanza).

Esa mesa deberá abocarse al análisis y diagnóstico de la situación socioeconómica de la ciudad, «con especial referencia a los grupos de mayor riesgo», y la formulación de propuestas relacionadas a implementación de políticas públicas «que tengan por objeto garantizar los derechos económicos, sociales y culturales».

Y el tercer eje de la ordenanza es la creación del programa Empleo Local, destinado a reactivar la economía popular de los barrios «mediante la intensificación de los programas ya existentes». Aquí, se tendrá en cuenta «la ejecución de obras públicas con mano de obra intensiva a través de cooperativas de trabajadores», y «la garantía de participación de las cooperativas inscriptas en el Registro de la Economía Popular como proveedoras de materiales en obras públicas», entre otros puntos.

Opiniones cercanas

Para Martínez Kerz, hubo una «toma de conciencia generalizada (de todos los bloques) en abordar en serio el tema (al situación socioeconómica)». En términos prácticos, «con esta norma se agilizan las herramientas con que dispone el Estado Municipal para que éste pueda intervenir en comedores comunitarios, por ejemplo, y en otras situaciones de índole social, sobre todo en los barrios más postergados», resumió.

Laura Mondino (FPCyS) puso en el contexto nacional el sentido de la norma aprobada. «Es un tema que se viene trabajando en muchas ciudades del país, por la situación económica que se vive. Santa Fe no es ajena a esta actualidad: hay una enorme cantidad de desocupados y de gente que no tiene el acceso a algo tan básico como poder alimentarse: la norma sancionada busca garantizar este derecho básico».

Desde el oficialismo, Carlos Suárez (UCR-Cambiemos) consideró que hay un rango de responsabilidades que van desde Nación, de Provincia y, en el caso del Municipio local, «se le asigna a éste el rol de centralizar los recursos y poder disponerlos (para la emergencia socioalimentaria). Creo que las organizaciones sociales con el respaldo del Estado local tendrán mayor fortaleza para requerir la asistencia que sea necesaria, y en los niveles estatales que sean necesarios. Esto podría servir como impulso para que se apruebe la ley provincial», que también plantea la emergencia alimentaria en toda la bota santafesina.

Fuente (El Litoral)