También se confirmó el embargo de 4.000 millones de pesos para Cristina, quien además de estar acusada de dirigir una asociación ilícita se la encontró responsable como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas).

Para justificar el pedido de su prisión preventiva, Bonadio indicó que tanto ella como los ex funcionarios mantienen «vínculos» con «medios afines, empresarios» y dijo que la ex presidenta «podría entorpecer» la investigación.

Apoyando el planteo de Bonadio, para ambos jueces Cristina tuvo siempre «conocimiento del sistema de recaudación» y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la «asociación ilícita».

La decisión de Bertuzzi y Bruglia alcanzó también a Julio De Vido y Roberto Baratta, procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo.

José López, ex secretario de Obras Públicas y aceptado en la causa como arrepentido, quedó procesado como miembro de la asociación ilícita y autor de cohecho pasivo, también con prisión preventiva y un embargo de 4.000 millones de pesos.

Fuente (Télam y Clarín)