De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre 2015 y 2018 hubo casi un 400 por ciento de aumento en el flujo de migrantes venezolanos: pasaron de 700 mil a 2,6 millones, eligiendo la mayoría (1,8 millones) trasladarse hacia países de América del Sur.

En vistas de esa situación, el Poder Ejecutivo dispuso la creación del «Programa de asistencia a migrantes venezolanos» con el objetivo de «facilitar el ingreso al territorio nacional, la regularización de su condición migratoria y la inserción social en la comunidad».

Entre las principales medidas que implementará el Gobierno se destaca la autorización al ingreso de venezolanos cuya cédula de identidad o pasaporte tenga un vencimiento no mayor a los dos años; así como los menores de nueve años que ingresen por vía terrestre con uno o ambos progenitores podrán presentar «excepcionalmente la partida de nacimiento, siempre que no portase alguno de los documentos».

A la vez, para aquellos que quieran radicarse no les será requerida la legalización del certificado de carencia de antecedentes penales, ya que podrá ser «verificado a través de la consulta informática a la página web correspondiente o por medio de la representación consular venezolana en el país».

A través de la disposición 520, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) también instruyó a la Dirección General de Asuntos Institucionales y Sociales y a la de Asuntos Internacionales «a fortalecer los vínculos con las provincias y los organismos con competencia en materia laboral, social, educativa y sanitaria, a fin de colaborar en la orientación de los flujos de migrantes venezolanos a las ciudades o regiones donde se requiera de sus capacidades, colaborando con el desarrollo local del lugar de destino y con el desarrollo humano de los migrantes».