Una abogada fue procesada tras ser acusada de haberse quedado con los bienes de una anciana que era cuidada por una pareja, en el partido bonaerense de Moreno, a la que presuntamente maltrataron y antes de morir en 2016 obligaron a nombrarlos como herederos, informaron hoy fuentes judiciales.
Además, los acusados son investigados por haber extraído dinero en efectivo de algunas cuentas bancarias que la mujer tenía en su poder y cuyos bienes iban a quedar para sus sobrinos, quienes realizaron la denuncia en Capital Federal donde se hizo la sucesión.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el juez de instrucción 14, Ricardo Farías, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de la abogada Susana Locatelli como coautora del delito de «estafa» y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir los seis millones de pesos.
Además, el magistrado investiga a Carlos Correa y Ramona Soto, quienes habían sido denunciados por los sobrinos de Elba Liberatore, representados por el abogado Ignacio Trimarco.

El caso judicial

«La mujer murió el 5 de julio de 2016 y cuando los denunciantes fueron a la casaquinta de su tía vieron que estaba tomada por la pareja que cuidaba de ella desde el 2013 y que conocían desde hacía muchos años», contó a Télam el letrado.
Según al procesamiento al que Télam tuvo acceso, «dado que en el velatorio ni Correa ni Soto les habían entregado las llaves de la vivienda de Moreno, junto con algunos familiares decidieron, previa exposición civil, dirigirse hacia allí e ingresar. Al hacerlo advirtieron la faltante de dos vehículos, de bienes y efectos personales».

Denuncias

Sin embargo, los acusados se presentaron ante la Policía y tras denunciar a los sobrinos por un presunto «robo», exhibieron una escritura que Liberatore firmó el 16 de mayo de 2016 en la que Correa y Soto se «verían beneficiados con el legado de un inmueble» situado en la calle Manuel Quintana 1802 de la localidad de la Reja Grande, partido de Moreno y otros bienes de su propiedad.

«Para ello, Correa y Soto, de común acuerdo, habrían exigido a la fallecida que suscribiera el documento que los colocaría como depositarios de parte del acervo», sostuvo Farías en su escrito, en el que acusó a la abogada Locatelli de haber estado «en connivencia» y de resultar «beneficiada a través de su hijo».

Obligada

La misma abogada convocó a los sobrinos a su estudio y les refirió que Soto había «obligado» a su tía a efectuar ese instrumento, como así también «que le tenía miedo», «que se encontraba muy presionada para hacerlo» y «que la maltrataba psicológicamente».
«Los familiares advirtieron que el hijo de la abogada era uno de los beneficiados después que ella misma les había dicho que había sido presionada por sus cuidadores para firmarlo, ahí tomaron dimensión de lo que estaba pasando», señaló Trimarco.

Según una de las sobrinas de la mujer fallecida, en una oportunidad su tía le mencionó por teléfono que «le tenía miedo al matrimonio que estaba en la casa, que se querían quedar con todo», aunque no le dio mayores detalles y luego de esa conversación los «cuidadores» no le permitieron comunicarse más con ella.

Fue intimidada

«Es inaceptable y nada dijo al respecto Locatelli que su hijo haya sido favorecido en el legado de la fallecida Liberatore, sumado ello a todos los testimonios escuchados, la transcripción del pen-drive, las escrituras en cuestión, son condiciones claras precisas y contundentes que dirigen todo en un mismo sentido, es decir que Liberatore fue intimidada a realizar el legado descripto», precisó el juez Farías.

Además, el magistrado destacó que los acusados se aprovecharon del «estado de indefensión» de la mujer a la que captaron «en razón del vínculo sentimental que la unía con los nombrados y la cercanía donde vivían».
Los defensores de los tres imputados apelaron la medida y ahora deberá resolver la Sala VI de la Cámara de Apelaciones porteña.

Fuente: (Télam).-